El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) arranca el próximo lunes la primera etapa formal de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), se informó en una reunión de trabajo con juezas y jueces de esas materias, en la que el presidente de la institución, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que el órgano judicial saldrá adelante, y en la que reconoció su capacidad y experiencia.
En ese marco, Guerra Álvarez informó que en sesión del Congreso de la Ciudad de México del próximo 3 de julio ese órgano legislativo emitirá la declaratoria de la implementación del CNPCyF, lo que significará el banderazo oficial para instaurar el nuevo modelo de justicia civil y familiar en la capital del país, basado en el principio de la oralidad.
En el Salón Constitucional, el oficial mayor, Sergio Fontes Granados, delineó la ruta de transición del modelo actual hacia el nuevo paradigma, basada en tres etapas, a partir de la publicación oficial de tres acuerdos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que darán pauta, en un primer momento, a la extinción de 24 juzgados de proceso escrito de la materia civil y 11 de proceso escrito en materia familiar.
Fontes Granados previó que en un año y medio esté implementado el CNPCyF en el órgano judicial capitalino, el cual operará con 14 unidades de gestión en materia civil y siete en materia familiar, a cada una de las cuales estarán adscritos seis impartidores de justicia.
También lee México amanece con un capítulo nuevo en su historia política: Magistrado Rafael Guerra
Guerra Álvarez aprovechó para informar a los impartidores de justicia que, en la sesión del Congreso local del 3 de julio, además de emitirse la declaratoria de implementación del CNPCyF, se inscribirá en letras de oro el nombre del PJCDMX en el recinto cameral como un reconocimiento a la institución por ser un equilibrio entre poderes y entre los justiciables, lo que da paz social a la capital del país; además, dijo, se aprobaría elevar la edad de retiro para jueces y magistrados, para pasar de 70 a 75 años de edad.
El magistrado pidió a quienes lo acompañaron en la reunión, consejeros y consejeras de la Judicatura, así como magistradas y magistrados, y titulares de áreas administrativas con participación en las labores de implementación del CNPCyF, informar sobre los trabajos previos que se han realizado al inició de la primera fase, que inicia el próximo lunes.
El consejero de la Judicatura, Andrés Linares Carranza, a cargo de los trabajos de capacitación, dio cuenta de lo realizado al interior y al exterior de la institución, para armonizar lo que será el trabajo entre los operadores judiciales y los postulantes; precisó que se estima capacitar a más de 4 mil operadores judiciales, y destacó que se ya encuentran en la tercera semana los dos diplomados dirigidos a abogados postulantes, que concluirá con la acreditación de habilidades de los mismos.
El magistrado Yaopol Pérez Amaya, integrante de la Comisión de Implementación del CNPCyF del órgano judicial capitalino, se refirió al trabajo de esa instancia para realizar la propuesta que se someterá al Congreso local sobre la armonización legislativa de 29 ordenamientos, que se requieren modificar, antes de que opere el nuevo modelo de justicia.
A su vez, el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo, también integrante de esa comisión, habló sobre el trabajo de la central de notificaciones y ejecución, cuya labor en su totalidad será digital y con mecanismos tecnológicos como la geolocalización y las imágenes fotográficas; asimismo, se refirió a la estandarización necesaria con la que habrá de desarrollarse el trabajo de los impartidores de justicia, a partir de guías de conducción de audiencias.
Por su parte, la magistrada Martha Lucía Elizondo Téllez pidió a juezas y jueces, magistradas y magistrados, asumir que el nuevo modelo no el mismo al que están acostumbrados a trabajar; por ello, les planteó aceptar con humildad el apoyo que en oralidad les están brindado sus pares de la materia penal.
En tanto, la magistrada Érika Marlén Zepeda García informó sobre las reuniones de trabajo que se sostienen con instancias que coadyuvan con el trabajo jurisdiccional en las materias civil y familiar, entre estas, la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por su parte, las consejeras de la Judicatura Esperanza Hernández Valero e Irma Guadalupe García Mendoza, subrayaron el compromiso del magistrado Guerra Álvarez, para que, desde el órgano de administración del PJCDMX, se les brinde de todas las herramientas tecnológicas a los impartidores de justicia y demás operadores judiciales en esta transición hacia el nuevo modelo de justicia civil y familiar.
LL