La diputada local del PRI, Lourdes González, presentó una iniciativa para que los alumnos que hagan bullying sean suspendidos de las escuelas, y solo puedan regresar a ellas cuando hayan aprobado exámenes psicológicos para eliminar estas conductas.
Durante la sesión virtual de este miércoles, la legisladora propuso modificar el artículo 34 de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México para que, de manera preventiva, se suspenda a quien o quienes sean generadores de maltrato o violencia hacia sus compañeros.
Durante esta suspensión, los padres o tutores y las autoridades escolares tendrán la obligación de dar atención emocional y psicológica al o los alumnos para poder reincorporarlos al ciclo escolar, previo dictamen médico y sociológico correspondiente que acredite la disminución del riesgo.
La iniciativa también plantea que los padres, madres de familia o tutores y personal docente, directivos escolares y personal administrativo de la escuela sean los responsables directos de las posibles consecuencias que pudieran traer estos casos de bullying.
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Al fundamentar su propuesta, la legisladora refirió que se busca frenar de inmediato el acoso escolar, pues actualmente no se establece ningún tipo de medida para hacerlo.
“La violencia en las escuelas tiene un impacto en el cumplimiento del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; genera un bajo rendimiento académico, limitando su desarrollo pleno, generando deserción escolar y, en casos graves, el suicidio”, dijo.
Recordó que la violencia escolar es toda agresión reiterada que se realiza dentro del ambiente de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas formas, y que esta conducta es potencial para derivar en conductas delictivas.
“Los índices de violencia y homicidios que ocurren en el país se pueden disuadir desde la implementación de acciones escolares enfocadas en la prevención y promoción de principios relacionados con una educación para la paz y el respeto, a efecto de generar una sana convivencia y resolución de conflictos de forma pacífica, en los que se involucre al núcleo familiar de las y los estudiantes”, comentó.
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Por último, apuntó que tanto el personal docente, directivos escolares y el personal administrativo de las escuelas deben ser respetuosos de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, sin que ello implique medidas laxas de disciplina y respeto en el entorno de estos, o bien, que se mantenga en riesgo a la persona menor que está siendo víctima de violencia.
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