El diputado local de Morena, Alberto Martínez Urincho propuso una pena de hasta 7.5 años de prisión para quienes utilicen un deepfake o un video o un audio manipulado con inteligencia artificial para poder delinquir.
Explicó que los deepfakes sustituyen las caras y las voces de los protagonistas de videos y audios, ejecutando una maniobra engañosa que confunde los sentidos y dificulta distinguir entre el contenido real y el contenido falseado.
Esta tecnología, dijo, es propensa para la comisión de hechos delictivos, ya que al suplantar la identidad de las personas se da pie a menoscabar su dignidad humana y posibilita la comisión de otras conductas ya tipificadas en el Código Penal para el Distrito Federal como aquellas que protegen el patrimonio, la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, la intimidad sexual, entre otras.
Lee también Central de Abasto, en espera de que Fiscalía libere zona de incendio para iniciar reconstrucción
Ante esto, Martínez Urincho detalló que se sancionará con tres y hasta cinco años de prisión, así como de 41 mil 496 hasta 82 mil 992 pesos de multa para quien produzca, reproduzca, procese, exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos que suplanten la identidad de una persona para atentar contra su dignidad, anule o menoscabe sus derechos y libertades fundamentales.
Asimismo, explicó que se incrementarán hasta en una mitad estas penas cuando quien cometa este delito se valga de las imágenes, audios o videos que suplanten la identidad de una persona para ejercer indebidamente los derechos que le pertenezcan.
Destacó que esto quedaría plasmado en un artículo 205 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, y es que dejó en claro que la expansión de este delito puede llegar a afectar a sectores clave como el de telecomunicaciones y la seguridad bancaria.
Lee también VIDEO: Pelea campal en trajineras de Xochimilco; lancheros presuntamente querían cobrar de más
Esta iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminaron a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; con opinión de la de Ciencia, Tecnología e Innovación.
ss/rmlgv
