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Debido a que es común que presuntos sindicatos impiden o limitan la construcción de inmuebles, el diputado local del PAN, Jorge Triana Tena, propuso castigar con siete años de cárcel a quienes ejerzan ese tipo de ilícita actividad, pues incurren en el delito “despojo de obra” , hasta ahora no tipificado.
Para ello, el panista presentó una iniciativa para adicionar el artículo 238 bis del Código Penal, “en materia de despojo de obra”, para castigar con siete años de cárcel a personas o grupos que impidan o limiten la ejecución de trabajos de construcción a particulares, siendo legalmente autorizados por la autoridad.
Durante su exposición de motivos, el legislador aclaró que con estas reformas, busca salvaguardar los bienes jurídicos de una persona, como es el derecho a la vivienda y el acceso a un hogar.
“Pues en caso de una obra secuestrada, los costos se elevan y afecta el acceso de toda persona a contar con una vivienda digna y accesible. Estas acciones regularmente son orquestadas por organizaciones o trabajadores sindicales”, acusó Triana Tena.
Se eliminarían las "mafias de la construcción"
Con esta modificación, detalló el diputado, quedaría eliminado el espectro de impunidad de mafias de la construcción , que lucran con lo ajeno, consolidando la legalidad y el Estado de Derecho.
“Esto no está tipificado debidamente en el Código. No hay un delito, ni un tipo penal para recurrir y denunciar. Por lo tanto, propongo crear este tipo llamado ‘despojo de obra’, en el entendido que está surgiendo de una extorsión a desarrolladores de un inmueble”, sostuvo el panista.
Explicó que las confederaciones que realizan despojo de obra, además de determinar quiénes trabajan en ellas y quiénes no, rentan sus camiones para transportar material y agua tratada, siendo un negocio redondo e ilegal, además de que elevan sus costos al no tener competencia.
Frente a ello y ante los abusos sindicales, el panista pretende dar respuesta a particulares que quieren cuidar su patrimonio, donde, también, protege el empleo, la inversión y sanciona el daño a la sociedad que realizan estos grupos de pseudosindicatos, que por años han operado en la capital.
“Tal parece que son las mismas centrales obreras y hasta partidos políticos, quienes han protegido y protegen a estos grupos de verdaderos delincuentes. Es necesario ya ponerles fin y acabar con ellos, pues cada vez surgen más organizaciones de este tipo”, enfatizó Triana Tena.
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