Cuando existan antecedentes o denuncia de violencia familiar al ocurrir el divorcio, además de las penas previstas en el Código Penal, la víctima de estas agresiones recibirá el 60% de los bienes acumulados durante el matrimonio.
Así lo propuso el coordinador del PRI en el Congreso local, Armando Tonatiuh González Case, al presentar una iniciativa de reforma a la fracción VI, del artículo 267, del Código Civil capitalino.
Explicó que dicha norma establece: “En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido...”
Sin embargo, destacó que “la ley no contempla alguna indemnización o reparación del daño en beneficio de la víctima, pues solo se prevé en el artículo 267 del Código Civil que cuando el cónyuge de manera unilateral desee promover el juicio de divorcio, deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del matrimonio”.
De allí que su propuesta es que “en el supuesto de que se tenga antecedente o denuncia de violencia familiar o la disolución del vínculo matrimonial sea consecuencia de ésta, además de las penas previstas en el Código Penal , el valor de los bienes hasta un 60% se otorgarán a la víctima”.
Se trata de compensar
En sus motivos, González Case detalló que es necesario establecer dentro de las normas jurídicas la forma de disolver los vínculos matrimoniales, no como una forma de desintegración de la familia, sino para proteger a cada uno de sus miembros.
Sobre todo, “cuando el vínculo matrimonial que los une, provoca conflictos irreparables entre sus miembros y vulneran la integridad de ellos, en sus derechos más elementales: la libertad, el respeto a su dignidad humana, su integridad física, psicológica y espiritual”, dijo.
En este sentido, el priista propuso reformar dicho artículo del Código Civil capitalino , con la finalidad de que se compense al cónyuge que durante el matrimonio y al haber disolución en dicho vínculo, haya sido víctima de violencia familiar.
Señaló que de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, se deduce que el 10% del total de denuncias presentadas están vinculadas al delito de violencia familiar.
De igual manera, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revela que tan solo en enero ocurrieron dos mil 300 casos de violencia familiar en la Ciudad, siendo esta la entidad que encabeza la lista de concurrencia respecto a este delito, seguida de Nuevo León y Guanajuato.
“La violencia familiar, también llamada intrafamiliar o doméstica, es donde se cometen actos o conductas violentas, sobre todo de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica”, precisó el legislador.
Lo grave de la situación, dijo, es que esta situación ocurre dentro de un vínculo de parentesco, consanguinidad, afinidad, civil, concubinato o una relación de pareja, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar, lo que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes, lo que lleva al divorcio.
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