La diputada local de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos, propuso que los presuntos agresores o delincuentes sean quienes paguen la defensa jurídica de las víctimas.
Lo anterior, dijo, porque ante la imposibilidad de pagar un defensor, las víctimas de delitos no denuncian, por ello es urgente que la Ley de Víctimas de la Ciudad de México se armonice con la Ley Federal, a fin de que el presunto delincuente o agresor sea quien absorba los honorarios del abogado de los quejosos.
Destacó la necesidad de que la Ley de Víctimas en la Ciudad contemple una forma de reparación del daño para que cualquier víctima de un delito contrate a un abogado privado a su libre elección para que este gasto no corra por su cuenta.
Así, -dijo- el agresor o delincuente será quien absorba los honorarios del defensor de la víctima, independientemente de lo establecido en el artículo 61 de dicho ordenamiento, que le ordena reparar otros daños como el daño sufrido en la integridad física o moral; el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando se cause incapacidad para trabajar; la indemnización por los daños patrimoniales generados; el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que sean necesarios para la recuperación de la salud psicológica y física de la víctima, entre otros.
“Muchas víctimas no denuncian un delito por la falta de dinero para pagar un defensor jurídico privado, peor aún, las mujeres que viven violencia familiar e infortunadamente tienen dependencia económica hacia el agresor, porque siempre se han dedicado al hogar y como jefas de familia no son remunerados sus labores, se limitan por miedo a éste y aun cuando existen los defensores públicos, que actúan en pro de las víctimas, se encuentran saturados por la gran carga de trabajo existente”, dijo.
La legisladora subrayó que en la Ciudad de México, en 2021, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes fue de 45 mil 336, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, entre ellos el robo en calle o en el transporte público, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones, robo en casa habitación, y violencia familiar.
De ahí la importancia de que en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México contemple esta forma de reparación del daño, apuntó la diputada y recordó que con esta iniciativa no solo se beneficia a las víctimas de violencia familiar, sino a quienes han sido víctimas de algún otro delito o violación a sus derechos humanos.
“Las personas no decidieron ser agredidos y por tanto no tienen por qué hacer erogación alguna para tener acceso a la justicia; sin embargo, el imputado o delincuente sí decidió tener este carácter; es decir, decidió robar, decidió extorsionar, decidió violar, agredir, violentar. Por ello, el agresor es quién debe pagar y reparar el daño y la víctima debe contar con su derecho al acceso a la justicia y a elegir libremente a su representante jurídico”, finalizó.
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