Todos aquellos adultos que para cometer algún delito obligue, procure, induzca o utilice a menores de edad o a personas que no tengan capacidad para comprender la acción, deberán ser castigados con cárcel en tres cuartas partes más de la sentencia que les sea impuesta por el ilícito en que incurran.
Así lo propuso la diputada local de Morena , Guadalupe Aguilar Solache, en tribuna del Congreso local, al destacar que para ello deberá reformarse el artículo 22 del Código Penal vigente en la Ciudad de México.
En su iniciativa, la morenista justificó su propuesta, debido a “los altos índices de violencia, que desafortunadamente fueron incrementado a lo largo del tiempo, y a la poca importancia e indolencia de las autoridades”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que se hace un descomunal esfuerzo para abatir este fenómeno, “pero lo cierto es que el daño está hecho y, con ello, diversos sectores de la sociedad, particularmente los menores de edad, son víctimas de los estragos del crimen, la violencia y la delincuencia”, denunció.
La también integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso local, destacó que los menores de edad, que son reclutados en las filas del crimen, son utilizados para una amplia gama de acciones “desde la vigilancia, el traslado y venta de drogas hasta robos, extorsiones, secuestros, entre otros delitos”, afirmó.
Insistió que la participación de menores en los grupos criminales , les provoca efectos psicológicos en el corto, mediano y largo plazo, en la medida que toda forma de participación en el crimen organizado, sea directa o indirecta.
También, dijo Aguilar Solache, es nociva para los menores, pues quienes sobreviven a la organización criminal sufren, invariablemente, profundas consecuencias psicosociales, como resultado de su participación en actos delictivos.
De allí la importancia de establecer medidas ejemplares, para aquellas personas adultas que se valgan de los menores de edad para delinquir, con la esperanza de que esta medida, junto a la atención de las causas sociales que lleva a cabo los gobiernos federal y local, inhiban la participación de menores en grupos del crimen organizado.
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