La procuraduría capitalina ordenó a su personal no estigmatizar o criminalizar a las personas que practiquen cualquier tipo de activismo en defensa de los derechos humanos.
Según la circular C/001/2009, que difundió en la Gaceta Oficial, la PGJ especifica que no serán criminalizados quienes realicen activismo de carácter social, político, cultural, de género, de diversidad sexual, defensa y promoción de los derechos humanos y que formen parte de una averiguación previa.
Esto, sostuvo la PGJ, va más allá de lo solicitado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a través de la recomendación 02/2018, en la que estableció que ésta emitiera “una circular en la que se instruya y exhorte al personal a no criminalizar el activismo social”.
La circular C/001/2009 alcanza a las y los servidores públicos, quienes deben respetar en todo momento el principio de presunción de inocencia.
Ésta dispone que el personal ministerial debe establecer líneas de investigación que coadyuven al esclarecimiento de los hechos; tratar con respeto y dignidad a las personas; evitar responsabilizar a las víctimas u ofendidos de los hechos o conductas que hayan sufrido en ejercicio de su libertad de expresión, y abstenerse de prejuzgar el activismo político o social.