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La procuraduría capitalina, a través de su vocero, Ulises Lara, informó que, hasta el momento, no existen investigaciones en contra de los extitulares de la Secretaría de Finanzas, Édgar Amador Zamora y Julieta González Méndez, así como del excomisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra, a pesar de que existe una carpeta iniciada en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ.
En conferencia de prensa, Ulises Lara comentó ayer que los tres exfuncionarios de la gestión de Miguel Ángel Mancera no están bajo investigación, sin precisar en qué consistió o cómo terminó la indagatoria CI-FSP/B/UI-B2 C/D/03688/08-2019 que se abrió el pasado 27 de agosto.
“Édgar Amador Zamora y Julieta González Méndez, así como el exsubsecretario de Economía y excomisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra, no son investigados por esta procuraduría, no obstante, las indagatorias contra otros exservidores públicos en torno a delitos diversos e irregularidades continuarán”, expresó el vocero.
EL UNIVERSAL tiene una copia de la carpeta de investigación en donde Jorge Gabriel Morfin, director general de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial de la Contraloría local, denuncia a estos tres exfuncionarios.
Tanto Amador Zamora como Ricardo Becerra, dijeron a este diario por separado, que estaban dispuestos a presentarse ante la procuraduría para aclarar el presunto desvío de fondos de la reconstrucción; los dos se deslindaron de los hechos porque afirmaron no ejercieron recursos.
El miércoles EL UNIVERSAL dio a conocer lo que dicta la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en donde se lee: “Los servidores públicos señalados fueron responsables de la dotación de recursos, integración de expedientes y aprobación de proyectos de reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 con recursos públicos que se dotaron a través del fideicomiso número 7579-2 (sic)”.
En dicha carpeta de investigación, Morfín Salcedo hace el señalamiento, apegado al dictamen que la procuraduría realizó al edificio Aluminio 166, ubicado en la colonia Popular Rastro, en Venustiano Carranza, donde “se pagó en sobreprecio una obra de reconstrucción”.
Las irregularidades que se encontraron en dicho edificio rehabilitado luego de los sismos fueron señalados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) el pasado 30 de julio a través del oficio JGCM/CRCM/DT/0021/2019. Ahí se precisa que la información exhibida “no se presenta fianza de vicios ocultos, póliza de responsabilidad civil, catálogo de conceptos, presupuesto y comprobantes del cumplimiento de seguridad social”.
Entre otros hallazgos, según el oficio de la Seduvi, “la mecánica de suelos, memoria de cálculo, estudios complementarios y verticalidad”, carecen de información.
Además, una revisión técnica arrojó que “se analizaron todos los precios unitarios que sirvieron de base para efectuar el contrato, así como la volumetría de la obra, encontrándose un costo muy elevado con respecto al mercado, siendo una diferencia de más de 79%”.
En otra parte del informe, del cual se tiene una copia, se refiere que se sumó dos veces el importe de 309 mil 222.90 pesos por concepto de pintura en trabes marca Comex Vinimex.
