Toluca, Méx.— En cinco años (de 2018 a la fecha) solamente han derivado en un procedimiento administrativo disciplinario 5% de las 55 mil denuncias ciudadanas contra funcionarios públicos que ha recibido la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
La razón es que el interesado no aporta los elementos necesarios para identificar la conducta denunciada, reconoció el titular de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltecatl.
La denuncia debe incluir el cómo, dónde y cuándo o pruebas sobre modo, tiempo y lugar, acompañado por fotografías, video, textos o algún documento que constate el hecho.
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La lista de conductas irregulares la encabezan las relacionadas con prepotencia y malos tratos, con 30 mil quejas, le siguen la deficiencia en el servicio de trámites, negligencia, conflicto de intereses y solicitud de dádivas.
En lo que va de 2022 han sido registradas 13 mil 967 denuncias, de ellas, los sectores que ocupan los primeros lugares son: educación, salud y seguridad ciudadana, aunque aclaró que no por ser los más irregulares, sino por tener más cantidad de empleados.
Recordó que en 2018 se puso en marcha la aplicación móvil Denuncia la corrupción Edomex, mediante la cual se facilitó al ciudadano la presentación de denuncias, pues pueden hacerse de forma anónima, con ello se eliminó el requisito de ratificarla. Antes el interesado debía comparecer ante la autoridad y que ésta tuviera el conocimiento sobre la identidad del denunciante.
La aplicación también permite la aportación de los medios de prueba, ya sea video, audio, fotografía o un texto. Los datos entregados son el punto de partida para saber si existen elementos que configuran una falta, queda abierto el expediente para iniciar una indagatoria por parte de la Dirección General de Investigación de la secretaría que determinará la responsabilidad.
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“Llevamos más de 55 mil denuncias presentadas a lo largo de estos primeros cinco años, de los cuales a través de la aplicación tenemos más de 8 mil denuncias, es decir, está por cumplir cuatro años la aplicación y la recepción de quejas ha ido en ascenso”, dijo Vargas Zempoaltecatl.
Del total, la Contraloría ha impuesto casi mil 500 sanciones, mil 200 amonestaciones, poco más de 200 inhabilitaciones, 42 suspensiones y cuatro sustituciones. Al ser sólo responsables de la parte administrativa, aquellas conductas que representan un delito son remitidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que cuando se comete una falta administrativa como pedir dinero u otras dádivas a cambio de un trámite, el abuso de poder, tráfico de influencias, la sanción va desde una amonestación pública o privada, suspensión temporal del empleo, cargo, la destitución o inhabilitación. Cuando es grave se turna el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa.