El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón, presentó una Iniciativa para que los magistrados del Poder Judicial y la persona titular de la Fiscalía General de Justicia sean electos por voto popular.
Esta iniciativa nace luego de que el pasado 14 de junio un grupo de ciudadanos realizó una manifestación en las afueras del recinto legislativo de Donceles y Allende, y pidió ser atendido por diputados para entregarles una Iniciativa, que fue recibida por varios legisladores, entre ellos Alarcón Jiménez.
El priista explicó que luego de revisar el documento que entregó el grupo de ciudadanos, decidió presentarla este miércoles, ocasión en la que estuvieron presentes en el área de Galerías varios de los promoventes de la propuesta.
En la Iniciativa, se explica que el propósito es que los integrantes del Poder Judicial también accedan al cargo a través de un proceso electoral en el que la población, ejerciendo su voto libre, directo y secreto, los elija para ocupar dicho cargo público en la Ciudad de México.
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“Si los titulares de los Poderes Públicos Legislativo y Ejecutivo son electos por la población de manera directa, no encontramos razón alguna para que los integrantes del Poder Judicial puedan ser electos por la ciudadanía”, señala el documento.
Se expone que en Bolivia se elige ya a los jueces de manera directa, aunque la Asamblea Legislativa Plurinacional realiza una preselección de candidatos, quienes no deben pertenecer a partido político alguno. También se refiere que, en Estados Unidos, la mayoría de los jueces locales son electos por voto popular.
La Iniciativa propone reformar los artículos 35, 37, 44 y 46 de la Constitución capitalina y derogar o modificar otras de las leyes orgánicas del Poder Judicial, la Fiscalía y del Congreso local.
En el Artículo 35 constitucional quedaría asentado que las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán electos por el voto directo, secreto y universal de los capitalinos y que, para el efecto, el Congreso emitirá la convocatoria pública, conforme a los lineamientos que establezca el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). También se asentaría que la persona que presida el Tribunal Superior de Justicia, no podrá presidir el Consejo de la Judicatura.
En cuanto a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se establecería que durará cuatro años en el cargo y será electa mediante el voto directo, universal, libre y secreto de la ciudadanía.
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La propuesta establece que estas elecciones quedarían a cargo del IECM. Esta propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.
Esta semana la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino inició con las entrevistas a los aspirantes a integrar el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México.
En total son 32 personas quienes buscan un lugar en este Consejo judicial:
Albores Morales Luis Raúl
Belmont Martínez Arturo
Berumen Bautista Mario
Campos Aragón María Luisa
Canacasco Coronel José Horus
Chegue Luna Irving Pedro
Cristóbal Vázquez Rodrigo
Cuenca Dardón Carlos Edmundo De La Torre Mercado Gabriela
Escobar Malvaez Hans
Esquivel Villicaña Jaime
Galeana Cisneros Bertha
Hernández Campos Carlos Daniel
Hernández Cruz Armando
Hernández Morales Teresa Mercedes
Jiménez Seade Zaira Liliana
López Martínez Yolanda Alicia
Mendoza Bergmans Erika Daniela
Muñoz Ibarra Héctor
Nader Kuri Jorge
Negrete Zaragoza Juan Antonio
Ortega Ramírez Daniel
Rivas González Sandra Margarita
Robles Gómez Mont Emiliano
Romero Galván Alejandra Monserrat
Sánchez Magallan González José Francis
Saucedo Martin Armando
Téllez Padrón Edgar Eduardo
Torres Gómez Jesús
Vázquez Barrera Karla Ivonne
Villegas Reyes María Guadalupe
Yllan Rondero Bárbara
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El Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México es un órgano establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 37 y 44.
Sus funciones son elegir la terna de entre la cual la jefa o jefe de gobierno enviará al Congreso su propuesta para designar a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia, y presentar directamente al Congreso capitalino las ternas para elegir a los Fiscales Especializados de Combate a la Corrupción y en Materia Electoral.
El Consejo Judicial Ciudadano es un órgano que estará integrado por 11 personas, de las que siete serán profesionales del Derecho. Deberán gozar de buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad e independencia; no tener conflicto de interés; no haber participado como candidatas o candidatos en un proceso de elección popular cuatro años antes de su designación. El cargo no será remunerado. Se respetará la equidad de género y la igualdad sustantiva.
Las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano serán designados por dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales que al momento de hacer la propuesta tengan, al menos, cinco años ininterrumpidos de haberse constituido. El Consejo concluirá su encargo una vez ejercida su función, en este caso la de preguntarle a la fiscal Ernestina Godoy si quiere reelegirse y comenzar con los procedimientos correspondientes.
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