Nos cuentan que la diputada local priista María de Lourdes González busca que funcionarios públicos de la Ciudad de México puedan bloquear a usuarios que los insulten en redes sociales. Y es que, nos adelantan, en los próximos días prevé presentar una iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al Honor, al Decoro, a la Intimidad Personal y la Propia Imagen de la Ciudad de México, para que estos espacios sean utilizados por servidores públicos para difundir servicios y noticias relacionadas con su encargo, y podrán bloquear a usuarios cuando haya amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia en su contra o de su familia. El punto, nos dicen, es ¿quién determinará la diferencia entre calumnia y crítica?, ¿avanzará la propuesta en el Congreso capitalino?

Avanza alianza PAN-PRI-PRD para 2023, pero en Congreso mexiquense

Muy contentito andaba ayer el líder de la bancada del PAN en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, porque avanzó en el pleno del Congreso mexiquense la iniciativa de ley de los gobiernos de coalición (pero con el voto en contra de Morena, que advirtió la impugnará), donde se establece en la legislación que, en caso de ganar una elección, los partidos coaligados se repartirán las secretarías. Incluso, nos comentan que antes, en una reunión con empresarios, calificó el día como histórico, pues tenían los votos para avalar la reforma que, confió, regulará la coalición PAN-PRI-PRD. Y es que la intención es que la reforma entre en vigencia antes de las elecciones del próximo 4 de junio de 2023, cuando millones de mexiquenses vayan a las urnas.

¿Hay alguien detrás de las protestas de ambulantes en BJ?

Esta semana hubo una protesta por parte de miembros de la Alianza de Organizaciones Sociales que acudieron a la Comisión de Derechos Humanos capitalina, para denunciar abusos y corrupción del jefe de Vía Pública, Alejandro Vázquez. Sin embargo, nos refieren que esa agrupación ha querido instalarse en las calles de la demarcación, pero no se les ha permitido ni les han otorgado permisos, por ello, nos explican, su molestia. Hay voces en la demarcación que sospechan que ese grupo tiene vasos comunicantes con la secretaría de Gobierno que encabeza Martí Batres.