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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, confió en que estén a la altura para la correcta implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Durante una conferencia de prensa para presumir la entrada en vigor de este Código, el ecologista señaló que se necesitan recursos para hacer realidad los juicios orales en la Ciudad.
“Espero que este Congreso esté a la altura para poder dotarle al Poder Judicial de economías, porque ayer se iniciaba la primera fase, en enero es la segunda y a partir de marzo es la tercera fase para que esté completa esta nueva etapa, pero evidentemente necesita de economías el Poder Judicial, y esperemos poder estar a la altura como Congreso para poderle dar esa facilidad al Poder Judicial y que puede llevar acabo su trabajo como lo ha venido haciendo”, aseveró.
El Poder Judicial requiere mil 433 millones de pesos para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues se deben de crear 14 unidades de gestión judicial en materia civil, siete en materia familiar, una de exhortos, una Central de Notificaciones, 50 salas de oralidad en materia civil y 21 en materia familiar.
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En la conferencia de prensa, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, explicó que la colaboración entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino contribuye a sacar adelante reformas e iniciativas de ley a favor de la ciudadanía.
“Esta armonización de las leyes, el trabajo que se hizo en el Congreso de la ciudad, tiene que ver con que los procesos sean más ágiles. (Se deja atrás) eso que era tan tortuoso durante muchos años; hoy los litigios van a ser más ágiles”, subrayó.
En tanto, el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho dio a conocer que la Ciudad de México se pone a la vanguardia al ser la primera entidad del país en implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Además, destacó que con éste se le hará justicia a la gente de manera pronta y expedita.
“Los magistrados tienen la obligación de atender y emitir una resolución procurando la justicia, porque -hay que decirlo- había un rezago importante, inmenso, por situaciones de forma y no centrada a la esencia al fondo del asunto”, reconoció el también Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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