Toluca.- “Yo no te mato, utilizo al sistema para que te suicides. Violencia Vicaria”, con este mensaje desplegado en una enorme manta, Gaby se presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) apoyada de activistas del colectivo Cam-Cai y de su abogado a presentar la primer denuncia por violencia vicaria en el Estado de México y en el país.
Gaby sufrió violencia física, económica, patrimonial, sexual en contra de ella y de sus hijas gemelas, quienes apenas tienen dos años de edad, señaló Jazmín Zepeda, dirigente de Cam-Cai Colectiva de Amorosas Madres en Contra de la Violencia Vicaria, en el Estado de México.
Por ello Gaby se presentó ante las oficinas de la Fiscalía mexiquense a denunciar a su agresor por violencia vicaria, que es cuando la víctima sufre terrorismo procesal por varios juicios interpuestos en su contra por hechos que no son reales, apuntó Mildred Sainz Torres, presidenta de Colectiva de Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria Cam-Cai, en la primer acusación de este tipo, acompañada de su abogado Arturo López.
En el Estado de México hay cerca de 500 casos de mujeres que sufren violencia vicaria, la mitad de ellas documentados por la unión de colectivas a la que pertenece Cam-Cai, indicó Jazmín Zepeda.
La violencia vicaria quedó estipulada en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México , por ello es que se pudo llevar a cabo esta denuncia ante la Fiscalía mexiquense en contra del agresor de Gabriela, apuntó el abogado Arturo López quien recibió un reconocimiento por ser el primer como el primer especialista en este tipo de violencia, en la que ha asesorado a más de 300 mujeres.
No obstante aún falta establecer las penas para quien ejerza violencia vicaria, por ello estamos proponiendo castigar con cárcel la sustracción de menores, aleccionamiento para que los hijos odien a su madre, amenazas de no volver a ver a los hijos e hijas y la violencia patrimonial al negarse a pagar una pensión alimenticia, indicó la presidenta de Cam-Cai.
Hay quien llega a matar a los hijos e hijas como el caso de “la niña de la chamarra rosa”, para dañar aún más a la madre, señaló la activista Mildred Sainz.
Para el aleccionamiento, las amenazas proponen una pena de 4 a 8 años de prisión; sustracción de menores de 8 a 20 años; para el filicidio, es decir quien mata a su hijo y para la inducción del suicidio de la mujer víctima de 40 a 70 años de prisión, informó.
Además, las activistas proponen castigos para el agresor indirecto que resultan ser jueces, Ministerios Públicos, peritos y abogados que sirven como cómplices para el agresor principal, “para ellos estamos pidiendo penas de 6 a 10 años y que sean inhabilitados por el mismo tiempo para poder ejercer un cargo; si son reincidentes que sean inhabilitados permanentemente porque personas así no pueden ejercer el servicio público”, aseveró Mildred Sainz.
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