Un grupo de anfitriones que ofrece hospedaje tipo Airbnb en la capital se prepara para promover, en lo individual y de forma colectiva, juicios de amparo en contra de las recientes reformas a la Ley de Turismo que establecen un tope de 50% en las ocupaciones que pueden ofrecer al año.
Este sería su segundo intento en frenar las medidas implementadas por el Gobierno capitalino para regular este servicio de alojamiento temporal, al advertir que con ello se atenta contra sus derechos al trabajo, a la libertad, a la libre competencia, al libre desarrollo de la personalidad y a la propiedad.
“Como vemos vulnerados tantos derechos, entendemos que es un recurso con muchas probabilidades de éxito el tramitar amparos, tanto individuales como colectivos, porque estamos siendo afectados como comunidad, no sólo en nuestros derechos individuales”, expuso Ángel Torres, fundador del colectivo Todos somos anfitriones.
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En entrevista, Ángel Torres señaló que crearon esa comunidad a partir de que se emitieron las reformas para fijar el referido tope de ocupaciones por año, y actualmente el colectivo está conformado por alrededor de 500 anfitriones de diferentes alcaldías de la capital.
“Todos estos días han sido de recopilación, entrevistas y mesas de trabajo en diferentes espacios de amparo, con distintas firmas y los presentaremos en cuanto reanude actividades el Poder Judicial”, dijo.
El 3 de octubre el Gobierno local emitió un segundo paquete de reformas a la Ley de Turismo, en el que se establece que no se renovará el registro a aquellos inmuebles que hayan tenido ocupación de más de 50% de las noches del año, y en caso de requerir ofertar más inmuebles o por periodos más largos se apegará a lo dispuesto en la Ley de Establecimientos Mercantiles local.
“Hemos sido sumamente estigmatizados, discriminados e invisibilizados, pues estas reformas van a provocar que se pierdan fuentes de empleo; generarán un mercado negro y no habrá una competencia justa, porque a los pequeños emprendedores nos van a desaparecer de la escena la mitad del año, y sólo se beneficiará a la industria hotelera”, enfatizó Torres.
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Al respecto, la plataforma Airbnb señaló que dicha restricción de 50% es una medida injustificada y anticompetitiva, que terminará afectando a miles de personas, y destacó que esa empresa siempre estará a favor del derecho humano a la vivienda, al trabajo digno y de ayudar a impulsar un turismo responsable e inclusivo en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
“Por ello, resulta sorpresiva esta nueva reforma publicada apenas el 3 de octubre, tan sólo seis meses después que la Ley de Turismo fuera reformada de manera integral, en la que, a diferencia de la reciente reforma, se incluyó la participación de autoridades, anfitriones, vecinos, asociaciones hoteleras y plataformas digitales”, señaló Airbnb.
A finales de julio pasado EL UNIVERSAL informó que dueños de inmuebles utilizados por las aplicaciones de hospedaje eventual promovieron al menos 53 juicios de amparo en contra del primer paquete de reformas a la Ley de Turismo, emitidas el 4 de abril, al acusar que las disposiciones afectan la libertad de comercio y trabajo, además de transgredir el derecho de propiedad privada.
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Señalaron que las nuevas disposiciones incumplen el proceso de mejora regulatoria y violan el principio de irretroactividad de la ley, así como el de igualdad, al pretender regular su actividad con base en la Ley de Establecimientos Mercantiles cuando registren más de tres inmuebles en el padrón anfitriones.
La Consejería Jurídica subrayó que tales agravios resultan improcedentes ante la falta de interés jurídico, porque el sistema donde se integrarán esos padrones está en desarrollo por la Agencia Digital e Innovación Pública (ADIP).