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En la víspera de la aprobación y discusión del presupuesto del próximo año, titulares de los órganos autónomos de la Ciudad de México están preocupados por la reducción de salarios como parte del plan de austeridad que impulsa Morena.
Por lo menos así lo reflejaron durante su asistencia a cada una de las mesas de trabajo que se llevan a cabo desde hace unos días en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso capitalino.
En el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Gustavo Anzaldo Hernández, quien culmina su periodo el 1 de octubre de 2021, no está dispuesto a reducirse el sueldo de 150 mil pesos mensuales como lo ha planteado Morena.
“Entiendo que es una política pública que se pretende implementar, pero que no está plasmada en un documento”, expresó el magistrado.
Además, dijo que hasta el momento no hay una norma que marque un límite salarial y que si sale esa disposición, “lo veremos”.
Anzaldo recalcó que su propuesta para el ejercicio fiscal del próximo año ya atiende criterios de racionalidad. A los congresistas les explicó que plantea una disminución de 80 millones 997 mil 969 pesos, respecto al ejercicio anterior.
“Porcentualmente representa una reducción de 22.71% respecto del ejercicio anterior. Se ajusta a la política de austeridad y es resultado de eliminar prestaciones de carácter extralegal”, insistió.
Sobre el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, los 22 magistrados también están preocupados porque no se disminuyan sus prestaciones, así lo aseguró su magistrada presidenta, Yasmín Esquivel Mossa, quien pidió esperar a que la ley se apruebe en el Congreso capitalino, y ya dependerá de cada uno de ellos si va a promover un amparo o no.
Aclaró que ella acatará lo que se determine y consideró que los magistrados deben ajustarse a lo que expidan las leyes del Congreso local: “Se tiene que cumplir con la ley y si los diputados señalan un tope máximo deberemos ajustarnos. Las leyes no están a discusión, se emiten, se publican y seremos los magistrados los que las deben cumplir”.
En su paso por Donceles y Allende, el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, prefirió guardar silencio sobre este tema.
Ante cuestionamientos de la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Guadalupe Morales, respecto a gastos de seguros médicos, representación y telefonía, el magistrado no dijo nada. Informó sólo que de los 10 mil 863 trabajadores, 102 corresponden a honorarios.
Sobre el tema, el líder de la fracción parlamentaria del PRD, Jorge Gaviño, dijo que estas reducciones al salario son ilegales, toda vez que hay un artículo de la Constitución que habla de los impartidores de justicia, donde los sueldos no se deben reducir por ninguna causa.