El magistrado Rafael Guerra Álvarez, en la firma de un convenio de colaboración con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se busca que las personas tengan mayor acceso a los órganos de justicia.
Con dicha implementación, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) reformará sus sistemas de gestión, mejorará la calidad de los procesos judiciales, modernizará la infraestructura tecnológica y aplicará acciones que garanticen mayor acceso a las personas a los órganos de justicia.
En compañía de la directora ejecutiva del CEJA, Nataly Ponce Chauca, comentó que con dicho instrumento se tendrá acceso a especialistas de todo el continente “para la capacitación que se requiere a través de foros, seminarios, talleres y encuentros académicos sobre temas de interés común, entre éstos la oralidad”.
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La licenciada Ponce Chauca explicó que, “gracias a la firma del convenio, el CEJA acompañará, asistirá, evaluará y diseminará un proceso de cambio tan relevante como el que afronta el órgano judicial capitalino en las materias civil y familiar, tendente a generar un servicio de mejor calidad a la ciudadanía”.
Guerra Álvarez comentó que en el proceso de implementación resulta indispensable la asistencia técnica recíproca para el mejoramiento e implementación de los modelos de gestión judicial, sistemas y seguimiento de casos.
“Nos complace profundamente la generación de este convenio marco y los subsecuentes específicos que fortalecerán a la función jurisdiccional en el hemisferio. En México, la evolución de nuestra tradición jurídica ha alcanzado un paso vertiginoso con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, y en unos cuantos meses con la aprobación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”, dijo Guerra Álvarez.
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Ponce Chauca indicó que el CEJA es un centro especializado de la OEA en materia de justicia que desde 1999 brinda a los sistemas de justicia de los países miembros capacitación y asistencia técnica, a fin de lograr brindar a las personas un mejor servicio.
Uno de los temas centrales en los que ha trabajado el CEJA es en la implementación de la oralidad, de manera inicial en materia penal, y más recientemente, en los últimos diez años, en el rubro de la justicia civil y familiar.
El documento firmado, se explicó en el acto, tiene como objetivos desarrollar actividades orientadas a fortalecer la administración de justicia en la Ciudad de México, mediante acciones de capacitación, estudio, diagnóstico, asistencia técnica, acompañamiento, evaluación, intercambio de experiencias y buenas prácticas en las materias civil y familiar, pero también penal.
También se prevé asesoría en modelos de gestión, justicia digital, mecanismos alternativos de solución de controversias y otros rubros de interés común, pero la actividad se centrará con especial relevancia en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a través de cursos de capacitación a impartidores de justicia y personal de apoyo judicial.
El acto contó con la presencia de los integrantes de la comisión que habrá de dar seguimiento a la implementación, consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México Andrés Linares Carranza y Esperanza Hernández Valero; los magistrados Marco Antonio Velasco Arredondo, Martha Lucía Elizondo Téllez, Yaopol Pérez Amaya y Eliseo Hernández Villaverde.
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