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Ante las restricciones viales implementadas por el Gobierno capitalino para los autos con placas foráneas, abogados prevén que promoverán amparos por considerarlas como violaciones a las garantías constitucionales e incluso de los Derechos Humanos.
Juristas consultados por EL UNIVERSAL explicaron que las medidas van aplicarse a partir de 2020, lo que afecta a gran parte de los ciudadanos, quienes por derecho podrían recurrir a los juicios de amparo por la inconstitucionalidad de la norma.
El abogado Rodrigo Guerra Wong comentó que las autoridades capitalinas deben reconocer el derecho a la movilidad de manera general y no restrictiva por entidades federativas.
“El que la jefa de Gobierno esté planteando que por cuestiones del medio ambiente, que también es un derecho al que todos tenemos acceso, se pueda limitar solamente a algunos la movilidad, es por completo violatorio, dado que en su caso la restricción tendría que ser general”, explicó el litigante.
Enfatizó en que las restricciones ponen a “competir derechos”, una figura jurídica que pondera cuál es el que debe prevalecer por encima de la otra: “Si partimos de que se quiera ponderar una manera de echar a competir los derechos, que es el del medio ambiente y movilidad, para saber cuál tiene que ser favorecido, pues me queda claro que es el del medio ambiente, lo que significa entonces que si se va a restringir la movilidad debe ser en general. En este caso, el planteamiento para los que tienen solamente placas foráneas es totalmente violatorio y va dar pie a una infinidad de amparos”, dijo.
Para el abogado Alberto Woolrich jurídicamente las disposiciones son más graves porque no sólo violenta el libre tránsito de las personas, sino los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales contemplan que nadie puede ser “privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos” ni “puede ser molestado en su persona”.
El maestro en Derecho Marco Antonio Chávez expuso que muchos ciudadanos incurren al falseamiento de información para que sus autos sean matriculados en otras entidades para no pagar tenencia, lo cual es delito.
