Más Información
metropoli@eluniversal.com.mx
Organizaciones de la sociedad civil consideraron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que depende de la Secretaría de Gobernación, ha sido omisa en la solicitud para declarar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, por lo que solicitaron la renuncia de su titular, Candelaria Ochoa.
Selene González, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indicó que el recurso de revisión que interpuso la Conavim el pasado 30 de septiembre contra la sentencia de un juez federal para la declaratoria de la alerta de género en la capital del país va contra la emergencia de violencia feminicida y que deja a un lado a las organizaciones.
“Este recurso está en contra de la naturaleza propia del mecanismo, ya que es de urgencia y se debe atender inmediatamente, cuestión que se ve reflejada en la sentencia de amparo. Además, el recurso de revisión materializa temas que se vienen arrastrando desde administraciones pasadas, como la exclusión de las organizaciones sociales”, dijo en conferencia de prensa.
Detalló que en la Ciudad de México en los primeros seis meses se cometieron 18 feminicidios y 300 casos de violencia sexual, por lo que es necesario que las administraciones dejen de ver a las organizaciones de la sociedad civil como policía que busca fiscalizar los procesos.
Cabe mencionar que la Conavim dio como argumento en el recurso de revisión que interpuso a la sentencia que el juez federal se “extralimitó” y que es “ilegal”, por lo que consideró que se debe revocar la sentencia.
Además, que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no indica que las instituciones públicas implicadas en el seguimiento de la alerta deben otorgar participación activa a las organizaciones peticionarias del mecanismo, tal como lo ordenó el juez.
Por ello solicitaron la renuncia de Candelaria Ochoa, luego de la negativa a decretar alerta de género en la capital y alargar el proceso, además de que no ha respetado los procedimientos marcados en la ley para detener feminicidios en otros estados.
