La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) señaló que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares debe prevalecer los derechos de las partes que acuden a juicios, así como de niñas, niños y adolescentes (NNyA), mujeres, personas mayores, personas con discapacidad o cualquier otro grupo de atención prioritario.
Hizo un llamado para que el Poder Judicial capitalino tome como referencia los aprendizajes derivados de la implementación de la Reforma Penal de 2008.
La CDHCM advirtió dos desafíos de relevancia para la implementación del Código Nacional, el primero es la armonización legislativa de al menos 29 ordenamientos que tendrán que ser modificados como consecuencia de su entrada en vigor.
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Y como segundo aspecto, precisó, está la concreción de un sistema de apoyos para la toma de decisiones, ajustes a los procedimientos y para la accesibilidad, de forma que las personas puedan ejercer sus derechos sin discriminación.
Recordó que el proceso de cara a su aprobación fue complejo puesto que implicó la homologación de los procedimientos en esas materias en todo el país y su implementación definitiva está fijada para abril de 2027.
En ese contexto, el pasado 21 de mayo el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México aprobó el acuerdo que autoriza la extinción de 24 Juzgados Civiles y 11 Juzgados Familiares en materia escrita, entre el 17 de junio y el 29 de noviembre del presente año.
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Posteriormente, dicho Consejo acordó también la suspensión de turnos a los juzgados extintos con la finalidad de que concluyan su carga de trabajo y preparen los asuntos que se entregarán a los órganos jurisdiccionales que tendrán conocimiento de los juicios, así como su distribución equilibrada.
También, el retorno de los expedientes se realizará entre el 11 y el 25 de noviembre para favorecer el cierre de juicios previos al traslado.
“La Comisión hace un llamado a la pronta actualización tanto de operadores jurídicos como de litigantes, actores fundamentales en el éxito de este importante cambio normativo impulsado desde hace un año, así como a aprovechar la oportunidad para potenciar las capacidades de aplicación de los estándares de protección de derechos”, señaló.
vcr