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Ocoyoacac, Méx.— Los litigios que frenan la construcción del Tren Interurbano México-Toluca en ocho kilómetros están estancados porque los representantes legales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son los mismos de la administración de Enrique Peña Nieto, quienes ahora desconocen los acuerdos previos con ejidatarios, por lo que cerraron la negociación con afectados de San Juan Coapanoayan y San Jerónimo Acazulco, dijo el representante legal Santiago Pérez Alvarado.
Ambos amparos que mantienen detenida la construcción en dos tramos abarcan del kilómetro 28 al 32 pertenecientes a los bienes comunales de San Juan Coapanoayan, y del 32 al 36 de San Jerónimo Acazulco, todo sobre la carretera libre Toluca-México, fueron resueltos a favor de los ejidatarios hace tres años.
A la par de estos conflictos, locatarios de restaurantes que vendieron parte de sus tierras y que cerraron sus negocios mientras instalaban la vía, reabrieron pues el compromiso era de nueve meses, que pasaron a ser tres años, lo que generó pérdidas.
Pérez Alvarado denunció que a la fecha sigue el hostigamiento del equipo del Sistema Ferroviario federal, acusando de delincuencia organizada a los inconformes en lugar de negociar.
Hortensia de la Rosa Reyes, dueña del restaurante Asadero El Sonorense, dijo que su esposo, quien era el mediador en un principio, falleció mientras cerraron, pero luego de tres años, requiere abrir pues de su negocio dependen sus tres hijos, pero también fue amenazada en la dependencia: “Me advirtieron que si vuelvo a ir a cobrar mi indemnización por dos años tres meses que me adeudan, me van a clausurar el negocio”.
