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Al conocerse la investigación de una supuesta narcofosa de La Unión Tepito en la Ciudad de México, aspirantes a la Comisión de Atención a Víctimas afirmaron que se debe crear la comisión estatal de búsqueda para atender a las víctimas de desaparición forzada en la capital.
Ayer por la mañana se llevó a cabo la segunda sesión de entrevistas para ocupar dicha comisión ante diputados del Congreso de la CDMX.
Geru Aparicio Aviña, quien se desempeña como victimóloga y maestra en Derechos Humanos, fue la primera en hacer su presentación.
Aparicio Aviña afirmó que impulsará una ley de desaparición forzada y crear la comisión estatal de búsqueda para la atención de los delitos pluriofensivos, que es aquel delito que ataca a más de un bien jurídico.
Dijo que en caso de llegar a la comisión, privilegiará la atención a los sectores sociales más vulnerables, como mujeres, niños, adultos mayores, indígenas, desplazados y comunidad de la diversidad sexual.
En ese sentido, propuso la apertura de espacios en cada alcaldía para que atiendan y garanticen la seguridad, protección, integridad y ofrezcan asistencia médica y legal a las víctimas las 24 horas del día.
Los diputados preguntaron cuál sería su actuar como integrante de la Comisión de Atención a Víctimas en caso de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confirme la existencia de una narcofosa en la Ciudad de México, donde miembros de La Unión Tepito habrían enterrado al menos una decena de cuerpos.
Dijo que el Gobierno local debe apoyarse con organizaciones sociales y colectivos para atender el problema.
“Mientras tanto podemos empezar a trabajar con la comisión nacional de búsqueda y crear estos mecanismos de acompañamiento, además de tener el apoyo de organizaciones civiles que se han enfocado tanto a la ley como a protocolos de búsqueda”, dijo.
Programa de trabajo. El aspirante Carlos Rodríguez Campos, doctor en Derecho y especialista en victimología, destacó en su presentación la importancia de la compensación a víctimas, así como la necesidad de realizar un diagnóstico para evaluar las capacidades institucionales de atención.
En caso de no ser suficiente, externó, “se deben solicitar mayores recursos e inversión infraestructural para la intervención de las personas afectadas”.
Abundó en la urgencia de ampliar el Fondo de Apoyo a Víctimas, que cuenta con 1.2 millones anuales actualmente, lo que significa 100 mil pesos de apoyo económico mensual para las víctimas.
“Si no hay recursos, va a ser difícil que se pueda cumplir con los apoyos”, resaltó Rodríguez Campos.
La tercera sesión de entrevistas será el próximo viernes en el Congreso de la Ciudad de México.
De acuerdo con el diputado morenista Emmanuel Vargas, presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, en este proceso de selección serán evaluados los rubros de formación académica, trayectoria laboral y experiencia en la atención de víctimas de delito y defensa de los derechos humanos.