Alrededor de 7 mil Personas Privadas de su Libertad (PPL) en la Ciudad de México, sin sentencia firme, podrían votar en las elecciones del próximo año para elegir a la jefa o jefe de Gobierno, alcaldes y diputados locales.
Este martes se prevé que sea votado ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México un dictamen para garantizar el derecho al sufragio de las PPL que se encuentren sujetas a prisión preventiva y que aún no conozcan su sentencia.
De acuerdo con el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, de los 25 mil reos que se encuentran en alguna de las cárceles de la capital, 7 mil se mantienen sin sentencia.
Para garantizar el derecho al voto de estos reos, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) conformará una comisión provisional encargada de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto en las cárceles.
Según el dictamen, esta comisión estará integrada por tres consejeras o consejeros electorales, quienes tendrán derecho a voz y voto, y un representante de cada partido que sólo tendrán voz.
Esta comisión podrá proponer al Consejo General del IECM los convenios necesarios para garantizar el voto de las PPL; proponer al mismo Consejo General las acciones necesarias de coordinación y colaboración con el instituto nacional y otras autoridades que permitan a la personas en prisión preventiva formar parte del padrón electoral y de la lista nominal de electores; e informar sobre los mecanismos para recabar el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia firme.
También esta comisión deberá presentar bajo el principio de austeridad y máxima eficacia al Consejo General el proyecto de impacto presupuestal derivado de garantizar el derecho al voto de las personas privadas de la libertad para su inclusión en el presupuesto del instituto.
Para el presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, Temístocles Villanueva, garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva es un paso que el Congreso debe poder cumplir de forma pronta y definitiva.
“En este sentido, lo que el dictamen plantea es generar un marco que operativice la celebración de la jornada electoral en los centros de reclusión y garantice los derechos político-electorales de aquellas personas a las que no les hayan sido revocados mediante sentencia firme”, dijo.
Villanueva recordó que en 2019 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia 352/2018 y acumulada, en la que dicta que las personas en prisión preventiva, sin sentencia firme, conservan su derecho a votar, ya que éste se suspende cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada.
En la elección del Estado de México para la gubernatura votaron casi 5 mil personas que están en reclusión, pero sin sentencia, distribuidos en los 20 centros penitenciarios que tiene la entidad mexiquense.
Este dictamen será el primero a discutirse en la sesión de hoy, pues el pasado jueves cuando se votó en lo general, no hubo quórum para continuar con la sesión.
También se discutirán otros dictámenes, como para eliminar las campañas negras.
