La controversia constitucional presentada por 22 diputados de oposición, en la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), en contra de la reestructuración del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) es una ‘pequeñez jurídica’ consideró el diputado local Carlos Hernández, quien fue el promotor de esta iniciativa para recortar cinco áreas al Instituto.
Sin embargo, para la especialista en derecho electoral, Jessica Rojas, hay elementos jurídicos para que este recurso prospere, de lo contrario, dijo, se sentaría un mal precedente a nivel nacional, pues los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) quedarían en la indefensión ante este tipo de modificaciones a leyes secundarias.
El legislador de Morena indicó que estas reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México tienen solidez jurídica y jurisprudencia de la propia Corte.
“Hemos cubierto plenamente (con esta aprobación). No veo por donde puedan las personas ministras de la Corte desechar o poder considerar que es en contra de la Constitución esta reforma. Se cumplió con todo y hay jurisprudencia en donde se menciona de manera muy clara que el órgano máximo de los congresos es su pleno y es en donde se define, y las decisiones que toma el pleno son las que tienen el mayor peso y valor jurídico, se ha cubierto la formalidad en todos los aspectos”, subrayó a EL UNIVERSAL.
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En este sentido, precisó que son muy débiles los argumentos presentados por los legisladores de oposición, aunque dijo que están en su derecho de poderse inconformar.
A su vez, criticó que diputados panistas y priístas se ‘desgarren las vestiduras’ por el Instituto, cuando sus partidos a nivel nacional aprobaron la reforma electoral de 2014 que le quitó atribuciones a los OPLEs, como la de fiscalizar a candidatos y candidatas.
“Con una pequeñez jurídica se presenta esta controversia porque no hay elementos sólidos que ellos estén planteando en su inconformidad. No se da cuenta, no quiere entender esta alianza de Va por México que están agotados, ya no tienen discursos y lo único a lo que se remiten es a este tipo de manifestaciones, que hacen públicas, sin darse cuenta que lo que quiere la gente de la Ciudad es órganos mucho más delgados en su estructura orgánica”, indicó Carlos Hernández.
En tanto, Jessica Rojas, académica de la UNAM, lamentó que se haya tenido que llegar a interponer estos medios de impugnación, aunque, dijo, era necesario pues el Congreso local vulneró de manera abierta las atribuciones que tiene conferidas el IECM.
Por lo anterior, dijo, sí hay elementos jurídicos sólidos para que la Corte revierta la reestructuración del Instituto, pues estos cambios fueron aprobados muy a la ligera por los congresistas.
“Como ciudadanía, como sociedad civil, desde la academia, por supuesto que estamos en espera de que nuestro máximo tribunal constitucional en México resuelva, en el caso particular de la acción de inconstitucionalidad, conforme a derecho porque hay violación al principio de jerarquía normativa”, abundó a este medio.
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Explicó que este principio se vulneró porque se debió modificar la Constitución local para hacer esta reforma electoral y no una ley secundaria.
De igual forma, precisó que los diputados de oposición deben tener derecho a audiencia pública y transparente, y se debe identificar qué ministro o ministra va a llevar el tema para darle un seguimiento puntual al curso de esta acción de inconstitucionalidad, misma que sentará un precedente.
“Hay un punto importante, lo que está sucediendo en la Ciudad de México puede ser referente para lo que se pueda replicar en otras entidades federativas, reiterando este punto: no irse a la reforma de la Constitución de cualquier entidad, sino irse directamente, de una manera tramposa, a reformar leyes secundarias electorales. Esto de cara a la reforma federal que se plantea, me parece que puede ser una escalada de intentonas a la violación constitucional, en los principios autónomos, que tiene cada entidad federativa”, aseveró.
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