A fin de endurecer las sanciones en contra de funcionarios públicos, que pudieran utilizar los programas sociales a su favor o de los candidatos de su partido, diputados del PAN y PES presentaron reformas a la Ley de Desarrollo Social DF y de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
Sin embargo, los panistas Mauricio Tabe Echartea y Jorge Triana Tena presentaron una iniciativa, la cual fue turnada a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, mientras que lo del pesista fue un punto de acuerdo, el cual fue rechazado por mayoría del pleno como de urgente y obvia resolución.
Los legisladores del blanquiazul en su iniciativa plantean crear mecanismos de blindaje electoral a los programas sociales de la Ciudad , para acabar con el vacío normativo, que ha generado abusos por parte de operadores de la política social, con fines político- electorales.
“Esta conducta se va a incrementar hasta el doble cuando haya un beneficio electoral a este respecto. Vemos con preocupación que hay varios casos, pese a que aún no inicia el periodo electoral, y durante la precampaña e intercampaña dan uso electoral completo y absoluto hacia los programas”, indicó Triana Tena al presentar la iniciativa.
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Sin embargo, durante la lectura del documento, los panistas advirtieron que se pretende mandar un mensaje claro de combate a la impunidad y de cero tolerancia a la corrupción, que se manifiesta en el lucro de los programas sociales.
Explicaron que ante una coyuntura de regresión y restauración de las prácticas antidemocráticas que caracterizaron al antiguo régimen, se torna urgente que se legisle sobre este tema, a efecto de detener el abuso en los programas sociales .
“Para que los programas sirvan en ayudar a quienes más lo necesitan y no para enriquecer a los funcionarios públicos y sus huestes, por lo que es necesario crea un ‘blindaje electoral’”, insistieron.
Detallaron que con ello, existirá la firme intención de tomar medidas de prevención inmediatas para garantizar elecciones transparentes, equidad en la competencia y protección contra el uso electoral de los programas.
El documento legislativo establece que “la compra de votos es un delito y debe castigarse, pero también, perseguirse de manera implacable, de acuerdo al Código Penal”, recordaron los panistas.
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Triana Tena aclaró que su propuesta busca prevenir que los recursos públicos destinados a los programas sociales no sean utilizados con fines político-electorales, que se cumpla con la obligación de suspender propaganda gubernamental durante las campañas e inhibir que los servidores públicos incurran en alguna anomalía.
“Son muchos los casos que han trascendido en los medios, en los que los servidores públicos utilizan su cargo y los programas sociales para beneficiar a sus conocidos y familiares, pero no debe seguir”, reiteró.
Más tarde, como punto de acuerdo, presentó su propuesta el diputado local del PES, Miguel Ángel Álvarez Melo , para solicitar a la jefa de Gobierno proceda a vigilar la correcta aplicación de los programas sociales, en términos de lo que mandata la legislación electoral.
Sin embargo, el acuerdo fue rechazado por mayoría, motivo por el que también fue turnado Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, donde antes mandaron la iniciativa de los panista.
apr/nv