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Mauricio Tabe, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, aseguró que es grave que el gobierno capitalino desconozca el destino de la contraprestación de 118 millones de pesos que debió cobrar a un particular por la construcción y explotación del nuevo estadio de beisbol de los Diablos Rojos del México en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.
“Es muy irresponsable que el gobierno diga que no sabe dónde están los papeles, o los tiene o no los tiene, y si no cuenta con ellos está obligado a denunciar y a exigir el pago al particular”, mencionó el legislador.
EL UNIVERSAL publicó en su versión impresa de ayer que el Instituto del Deporte y la Secretaría de Administración y Finanzas indicaron no tener información del uso de la contraprestación, según sus respuestas a solicitudes de información públicas realizadas por este diario.
En 2015, la administración pasada emitió un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para que el Centro Deportivo Alfredo Harp Helú explotara 77 mil 798.89 metros cuadrados del Magdalena Mixhuca con el nuevo estadio de beisbol.
A partir de ese año, el PATR comprometía al particular a entregar 29.5 millones de pesos anuales al gobierno capitalino como contraprestación por el aprovechamiento del terreno, es decir, de 2015 a 2018 se tendrían que haber pagado 118 millones de pesos.
“Es grave que se hayan aventurado a declarar sin información ante algo tan delicado como una contraprestación de 118 millones de pesos”, añadió.
Insistió en que el particular está obligado a cumplir con la contraprestación y el gobierno también debe encargarse de exigir ese pago, de lo contrario habría responsabilidad administrativa de los funcionarios encargados de esta tarea.
“El problema es que el gobierno no proporciona información, decir: ‘No sé’, puede suponer que sí existe el pago, pero que lo desconocen, o que no existe el pago y también lo desconocen, lo grave es que el gobierno no cuente con esos datos”, reiteró el exdiputado constituyente.
El PATR para el estadio de los Diablos Rojos del México tiene una vigencia de 10 años que puede ser prorrogable hasta por dos periodos similares. Los particulares invirtieron 2 mil 538 millones 279 mil 467 pesos para su construcción. Al final del permiso temporal, el inmueble pasaría a ser del gobierno capitalino.