El diputado local del PAN, Christian Von Roehrich , solicitó la comparecencia del titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), Daniel Quintero Chávez, para que informe sobre la presunta indagatoria que realizan contra los alcaldes de Álvaro Obregón, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
A través de un punto de acuerdo, el líder panista también solicitó a la secretaría de Finanzas, Luz Elena González Escobar; al procurador fiscal, Salvador Juárez Galicia; y al titular de la UIPE, remitan al Congreso de la Ciudad un informe detallado sobre las pesquisas que realizan contra las y los alcaldes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México ( UNA-CDMX ).
El legislador expresó que uno de los discursos más agotados por parte de la administración actual, tanto a nivel federal como a nivel local, es el combate a la corrupción , “pero al día de hoy, a más de la mitad del sexenio, no existen sentencias ni resoluciones administrativas de manera tangible y razonable en dicha materia”, afirmó.
Señaló que ni las áreas de Contraloría, tanto a nivel local como federal, como las supuestamente autónomas fiscalías encargadas de la investigación y persecución de delitos, han dado los resultados esperados en combate a la corrupción.
Lo más lamentable, añadió Von Roehrich, es que a todas estas áreas se les han otorgado todos los instrumentos, todas las herramientas y un gran engranaje jurídico que los faculta a llegar hasta las últimas consecuencias en la persecución de este flagelo que lastima seriamente a la sociedad mexicana.
“Lo que sí tienen en común todas esas áreas es el uso faccioso de sus facultades para perseguir a la oposición desde el coraje y la frustración de ver cómo la ciudadanía les va perdiendo confianza y dando a otros partidos la batuta de lo que pasa en sus demarcaciones”, afirmó.
Sostuvo que desde junio pasado, todo el aparato jurídico, legislativo y político de la jefa de Gobierno se ha ocupado únicamente en dos cosas: promover su imagen para acceder a la candidatura presidencial y presionar a las alcaldías que no forman parte de su partido aumentándoles impuestos, cerrándoles las llaves de los recursos y ahora hasta investigando criminalmente a sus alcaldes.
Precisó que la UIPE no tiene facultades de investigación motu proprio , dado que no es autoridad ministerial ni policía de investigación, además reúne información a instancia de órganos internos de control y del ministerio público, relacionada con la posible comisión diversos delitos y en términos de los convenios que al respecto suscriban.
Sin embargo, sostuvo que en el presente caso, no existen ni denuncias penales, ni administrativas que faculten a la UIF efectuar las investigaciones o reunir la información que pretende, y de existir.
Por ello, insistió que el Congreso de la Ciudad debe conocer los hechos y las implicaciones de los mismos, “pues los involucrados en esas investigaciones son Alcaldesas y Alcaldes de oposición, t itulares de administraciones públicas en las distintas demarcaciones territoriales de más de la mitad de la ciudad. De ahí la relevancia del tema”, enfatizó.
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