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El juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la
, Ulises Oswaldo Rivera González , otorgó la primera suspensión definitiva de amparo contra el incremento al suministro de agua , que aprobó el Congreso local el 15 de diciembre pasado y que publicó el Gobierno capitalino en la Gaceta Oficial el 19 de enero pasado.
Con ello, el demandante, María Teresa de las Rivas Flores, vecina de la Alcaldía Miguel Hidalgo , quedó absuelta de pagar el incremento al pago por ese servicio durante el tiempo que dure el juicio de garantías, radicado en el expediente 174/2022; es decir, la medida aún no queda en firme, “aunque ya es ganancia haber obtenido la primera protección de la justicia federal”, destacó la diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana, una de las promotoras de dichos amparos.
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Con base en la resolución judicial, quedó establecido que la protección de la justicia fue otorgada a la denunciante, fue debido a que la autoridad responsable, el Congreso de la Ciudad de México , “fue omisa en rendir su informe previo”, como le fue requerido oportunamente por el impartidor de justicia; es decir, los diputados locales ignoraron al juez, motivo por el que decidió conceder la suspensión definitiva.
El impartidor de justicia le dio la razón a la demandante, sobre lo que aprobó el 15 de diciembre pasado el Congreso local, “quienes dieron a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que correspondan del artículo 172 del Código Fiscal”.
El incremento por el servicio fue publicado en 19 de enero de 2022
Dicha medida, fue publicada el 19 de enero de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México , por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicho Código, donde aparecen las 165 colonias, ubicadas, sobre todo, en las nueve alcaldías que gobierna la oposición.
“En ese contexto, la parte quejosa pide la suspensión de dichos actos, para los siguientes efectos: ‘(…) para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran. Esto es, se impidan los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso, y no se le aplique su entrada en vigor hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo…”, establece el acuerdo del juez.
Explica el documento, que “la entrada en vigor de las normas impugnadas, se violentaría la esfera jurídica del quejoso, además de que causaría un daño irreparable y se perdería la materia del presente juicio (...).”.
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Insistió el juez, que “conviene hacer mención que el Congreso de la Ciudad de México, no rindió su informe previo, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto el artículo 142 de Ley de Amparo, el acto impugnado debe presumirse cierto; de igual manera, el resto de las autoridades responsable al rendir su informe previo manifestaron que es cierto el acto reclamado”, asentó en el documento.
Sin embargo, aclaró el juzgador, a fin de evaluar la petición del quejoso y sobre la base de que este recinto, “únicamente puede pronunciarse sobre los efectos para los cuales fue pedida la suspensión”, según se deriva de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98.
Dicha resolución establece: “Suspensión definitiva, cuando el quejoso únicamente solicite la medida cautelar sobre las consecuencias de los actos reclamados, el juez de Distrito solamente debe conceder o negar dicha medida respecto de aquéllas”.
Pese a ello, la diputada panista América Rangel recibió con beneplácito la determinación del juez, “porque tengo confianza de que el inició de amparos que vendrán en cascada, pues realmente es un abuso del Gobierno capitalino este incremento, porque sabemos que esta situación no sólo se da en las 165 colonias que resultarían afectadas, sino que es en toda la Ciudad de México”, afirmó.
De allí que, insistió, “el PAN sigue abierto para orientar y entregar el machote para que todo aquel ciudadano inconforme con este arbitrario e ilegal proceder de la autoridad, interpongan amparos. Vean que si se puede, pese a lo que diga el Gobierno de la Ciudad”, enfatizó.
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