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Al Gobierno de la Ciudad de México no le interesa tener a los evasores fiscales en la cárcel sino la reparación del daño , aseguró el procurador fiscal capitalino, Salvador Juárez Galicia.
Durante una reunión con integrantes de la Mesa de Trabajo con motivo del Análisis del Paquete Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, expuso que desde que se inicia una posible investigación ante el agente del Ministerio Público, el evasor al fisco pueda acogerse a un beneficio como la reparación del daño, inclusive iniciando ya el proceso judicial se puede acceder a un criterio de oportunidad.
“A nosotros lo que nos interesa es tener la posibilidad de un escenario de recaudación, no nos interesa tener a los contribuyentes en la cárcel”, acotó.
Explicó a los legisladores que cuando hay la posibilidad de formular una querella es porque ya se identificó un perjuicio a la hacienda pública y por lo tanto, se presenta ante el agente del ministerio público, “hay una petición de que sí consideramos que se está lesionando a la hacienda pública, ¿cómo lo demostramos?, con el marco jurídico que corresponde a la aplicación de todas las contribuciones, no hay discrecionalidad”, puntualizó.
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Al responder a los cuestionamientos de algunos legisladores que señalaron que el gobierno capitalino efectuará terrorismo fiscal, el procurador negó tajantemente. “En absoluto se puede hablar de eso”.
Incluso refirió que hay quien debe cerca de 4 millones de pesos de impuestos por cinco años. Y remarcó que el Gobierno de la Ciudad seguirá apoyando a quienes menos tienen. Por ello existen medidas como cartas invitación, formas de pago para ponerse al corriente.
En el documento del Código Fiscal que se envió a los legisladores para su análisis, indica que se propone reformar diversas fracciones del artículo 73 del código fiscal referente a que las autoridades competentes, utilicen datos o medios de prueba necesarios para denunciar ante el Ministerio Público la posible comisión de delitos fiscales, o en su caso, para formular la querella respectiva.
Con esta iniciativa se logrará una mejor protección de la Hacienda Pública Local a través de la adopción de criterios que han probado su eficacia a nivel federal, “pues las finanzas sanas son la base de la capacidad motora de la Administración Pública y su adecuado funcionamiento favorecen el desarrollo y progreso común”, indicó.
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