Toluca.- No hay un candidato “oficial” para la sucesión del cargo como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México , la elección será en libertad y en plena autonomía, sin la intervención del gobierno estatal o partidos políticos, aseguró Sergio Medina Peñaloza, presidente del Consejo de la Judicatura mexiquense, quien concluirá su periodo este año.
En entrevista tras presentar el proyecto de remodelación del edificio del Palacio Judicial y la construcción de la Plaza de la Justicia en Toluca, expresó que el proceso de transición es muy claro en la norma, donde estipula que en el primer pleno del mes de enero los 57 magistrados eligen al presidente por mayoría de votos, ya sea en una elección cerrada o abierta, aunque reconoció que esta vez faltarán 10, pues está en puerta la sustitución de siete en materia penal y tres en materia civil.
Cuestionado sobre si entre quienes “han levantado la mano” hay alguno apoyado o impulsado por el gobierno mexiquense o partidos políticos e incluso legisladores de Morena del Congreso mexiquense, insistió en que hasta el momento no hay un candidato oficial y confía en la madurez de sus compañeros para que elijan con libertad y plena autonomía al próximo presidente.
“Yo he defendido a capa y espada la independencia del Poder Judicial porque es un eje fundamental de la democracia y así seguirá”, afirmó.
Frente a la serie de cambios en puerta, pues está abierta la convocatoria para la sustitución de las vacantes que dejarán 10 magistrados que este año iniciaron sus procesos de jubilación, dijo que la forma de selección está perfectamente alineada a las recientes reformas de la Legislatura Local que exigen la mayoría de edad, experiencia, contar los con los cargos académicos y en particular con un curso para magistrados.
“En este momento por la premura de plazas vacantes teníamos programado un curso que ya habíamos echado a andar, pero que cumple con las exigencias del Congreso estatal ”, afirmó.
Especificó que actualmente se registraron 30 aspirantes en materia civil y 30 más en materia penal, que son los candidatos indóneos, pero deben cumplir con los requisitos y especificaciones para su selección.
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