La vocera de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) y edil de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, aseguró que al interponer controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no están contra el Gobierno capitalino, sino de la acotación de sus facultades con las medidas que implementa.
Exhortó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que antes de publicar reglamentos o modificaciones a las leyes, se consulte a los 16 alcaldes y se tome en cuenta sus opiniones.
“No estamos en contra del gobierno, sino que estamos convencidos de que muchos acuerdos y leyes invaden facultades de las alcaldías. Lo que queremos o se pretende hacer con estas controversias constitucionales es que se respete nuestra autonomía y facultades”, expuso.
Entrevistada por EL UNIVERSAL, Saldaña comentó que desde los gobiernos anteriores se han acotado a los entonces jefes delegacionales en temas de seguridad, establecimientos mercantiles y desarrollo inmobiliario. “No estamos atacando a ningún gobierno, sino defendiendo lo que nosotros creemos que la Constitución de la Ciudad de México nos faculta, y por eso esas controversias constitucionales”, enfatizó la alcaldesa.
Este diario publicó ayer que los alcaldes de oposición han presentado ante la Corte 22 controversias constitucionales, 10 de ellas han sido admitidas, cinco se encuentran en trámite y siete fueron desechadas.
Entre los temas impugnados están la homologación de la cromática de las patrullas a los colores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y la Ley de Invea, entre otras.
Por separado, el secretario de Gobierno, Martí Batres, aseguró que en la mayoría de los casos, las controversias constitucionales presentadas por los alcaldes de la UNACDMX han sido desechadas y otras mantienen cursos diferentes que deberán decidir los órganos judiciales; en el caso de la autoridad capitalina, responderá en cuanto sea solicitado a través de la Consejería Jurídica.
“En algunos casos estas controversias han tenido como conclusión cierta suspensión de ciertas decisiones que ha tomado el Congreso local, pero en la mayor parte de los casos éstas han sido desechadas”, aseguró.
Entre las desechadas, recordó, está la reforma al Plan General de Desarrollo y el Programa de Reordenamiento Territorial.