Inmediatamente salió a buscarlas y la tranquilidad llegó cuando las encontró con su suegra en el Estado de México; sin embargo, a partir de esa fecha sólo pudo ver una vez más a la niña antes de que ambas volvieran a esfumarse. Ya han pasado cuatro años, pero en su mente aún retumba la voz del Ministerio Público cuando le dijo que no era delito porque quien se había llevado a la menor era su madre.
El único lazo que su padre tiene con Isabella, de ahora siete años, es por medio de fotografías públicas que ha encontrado en las redes sociales de su expareja. Sólo de esta forma logró conocer el rostro actual de su hija, que mandó a estampar en su playera, en el protector de pantalla de su celular, y en la Alerta Amber que levantaron las autoridades, pero que hasta la fecha no ha dado resultados para localizarla.
En la Ciudad de México se han abierto 5 mil 773 carpetas de investigación por el delito de sustracción de menores ante la Procuraduría General de Justicia local (PGJ) entre 2012 y 2018, revelan los datos obtenidos por EL UNIVERSAL vía transparencia. Las cifras de este delito, que no es considerado grave, se dispararon de 679 en 2012 a un total de mil 84 en 2018, lo que significa un incremento de 59% en el periodo analizado.
Este diario solicitó entrevista con la procuraduría capitalina, pero no se obtuvo respuesta.
Respecto a las sentencias por sustracción y retención de menores de 2012 a 2018 se registraron 20 absolutorias y 141 condenatorias, de acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
El repunte de casos de sustracción se debe a varios factores, entre ellos, la impunidad que estimula que la gente realice cálculos sobre el riesgo de cometer un hecho delictivo de este tipo y con la garantía de salir sin castigo, considera Juan Martín Pérez García, director de Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
La sustracción es un acto de violencia extrema no contra la mamá o contra el papá, sino contra los niños porque les están violentando el derecho de una familia extensa y diversa, asegura.
“Es común castigar o usar a los niños como moneda de cambio”, sobre todo por la pensión alimenticia o incluso para presionar a alguno de los padres para que haga o deje de hacer algo con tal de no perder el contacto con los hijos, explica.
Para Marco Antonio lo más duro es saber que su hija Isabella no tiene idea de que él existe y, por ello, no tiene recuerdos a su lado porque cuando se la llevaron era muy pequeña. En días especiales como el Día del Padre o en su cumpleaños prefiere dormir todo el día para no sentir, pero su miedo más profundo es morir sin volver a verla.
El delito de sustracción de menores se encuentra configurado en el artículo 173 del Código Penal de la CDMX y establece una pena de prisión de entre uno y cinco años cuando es cometido por ascendientes, descendientes, cónyuges, parientes colaterales o afines hasta el cuarto grado que involucra a los hermanos, tíos, sobrinos y primos.
La abogada Ana Laura Carrión Sánchez explica que uno de los bienes jurídicos que se está protegiendo es la integridad física y emocional del menor y el núcleo familiar. “Debe considerarse grave [el delito de sustracción y retención de menores] en cuanto a que se formula una afectación a la esfera jurídica social, pero inmediatamente a un grupo muy vulnerable que sería la niñez”, señala la también licenciada de la asociación especializada en el tema Niños con Mapa.
Un problema es que en la descripción del delito de sustracción y retención de menores se estipula como requisito de procedencia que el hecho se cometa por algún pariente hasta el cuarto grado que no tenga por orden judicial la guarda y custodia, dice.
“Es por eso que cuando los padres no encuentran a los menores porque los sustraen, ya sea la expareja, el progenitor, el tío o los abuelos no se puede proceder la denuncia por querella porque no se da este requisito”, expresa la abogada.
Añade que se debe reclamar al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma de esa parte del código que obstruye para saber dónde se encuentran los menores.
Negociar con los hijos
“¿Qué tanto estás dispuesta a negociar por tu hija?”, le pregunta una abogada a Patricia Diosdado Rodríguez. Sólo quiero tener a la niña, y él puede verla cuando quiera. No estoy interesada en su dinero ni en sus propiedades, le respondió. Después le entregó mil 500 pesos por una asesoría para evitar un juicio y salió del lugar con esperanzas de recuperar a Paola (nombre ficticio), de tres años, y a quien su padre se llevó a sus espaldas de la casa que compartían como familia en la Ciudad de México en febrero de 2019.
La pareja comenzó a vivir junta en 2015, pero él comenzó a tratar a Patricia y a su hija de cinco años, de un matrimonio anterior, con indiferencia. Tres meses después, se enteraron que estaba embarazada, pero cuenta que siempre sintió que él solo la veía como un “vientre de alquiler” porque tras el nacimiento de su hija, le repetía constantemente: “Si no te gusta, vete, pero la niña se queda conmigo”, y añadía que cualquier juez le daría la custodia por su posición económica. Actualmente, Patricia Diosdado tiene cinco meses sin ver a su pequeña hija.
El doctor en Psiquiatría por la Universidad de Cambridge, Alfonso Martín del Campo, dice en entrevista que el primer impacto que tienen los niños y niñas por la sustracción es la ansiedad por separación de la madre, sobre todo, si el menor estuvo alimentándose del seno materno en donde se forma el primer vínculo del bebé. Las consecuencias posteriores pueden afectar el desarrollo de la personalidad y la capacidad de relacionarse del niño o la niña.
La presidenta de Niños con Mapa, Patricia Castillejas Machado, ha detectado a lo largo de su experiencia que el aumento de la comisión del delito de retención y sustracción de menores se debe a que algunos abogados recomiendan este tipo de estrategias para que el menor deje de ver a su papá o a su mamá y así romper el vínculo, para cuando el menor sea presentado ya no quiera convivir con el familiar del que se le separó.
“Los Ministerios Públicos no quieren hacer las carpetas, a lo mejor por falta de conocimiento o por falta de sensibilidad”, porque es un derecho humano que cualquier niño tenga que convivir con su papá o con su mamá, y desde el momento en que se interrumpe eso debe ser un delito, dice Castillejas.
“En la medida en que el Estado no actúa con prontitud todo se queda en la incertidumbre, básicamente los que están más afectados son los niños porque no sabemos si con quien están es con quien deberían estar”, dice en entrevista Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Existe el registro de 23 quejas relacionadas con la sustracción y retención de menores de 2016 a la fecha, de acuerdo con datos de la cuarta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos local. Las autoridades señaladas en las quejas son la Agencia 59 del Ministerio Público de la fiscalía para menores y la Fiscalía Central de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.
Los niños son utilizados como “moneda de cambio” porque son usados en el sentido de que los padres y madres sienten que son de su propiedad, añade Nashieli Ramírez.
Por último, Pérez García asegura que la sustracción es un hecho extremo frente a la lentitud de los procesos de lo familiar, y recomienda tener acompañamiento emocional para que se entienda que en el centro siempre tienen que estar los niños , y que son sus derechos los que hay que proteger.