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Nezahualcóyotl, Méx.— Familiares de presos que se encuentran en cárceles del Estado de México, asesorados por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, conformaron una plataforma digital denominada Haz Valer mi Libertad, para buscar su liberación porque consideran que son inocentes de los delitos que les imputaron las autoridades judiciales.
Hasta ahora son ocho casos los que forman parte del movimiento ciudadano, en los que aseguran, presuntamente se utilizó la tortura para que se declararan culpables de secuestro, homicidio y extorsión, entre otros delitos, expuso Evelyn López, abogada del centro de derechos humanos.
“Es muy común en los últimos años [acusar] sin hacer una investigación profunda o sin tener pruebas contra los inculpados, se siguen encontrando denuncias de presos injustamente en el sistema carcelario mexiquense, que incluye la violación al debido proceso, de la presunción de inocencia, junto con el abuso de la prisión preventiva”, expuso.
Esos casos de fabricación de culpables, según los integrantes del colectivo, se presentaron principalmente durante la administración del exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para incrementar las estadísticas de personas detenidas.
Uno de ellos fue el profesor Óscar Hernández Neri, opositor de la reforma educativa que se aprobó durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo en la cárcel durante cuatro años y siete meses por asesinar a una compañera de posgrado.
Fue puesto en libertad en noviembre de 2018 y a su salida del penal Molino de Flores de Texcoco afirmó que el gobierno mexiquense le fabricó el delito de homicidio calificado por la lucha que mantenía en contra de la reforma educativa que fue derogada en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahora, Óscar y su hermano César forman parte de este colectivo que busca defender a las personas que están presas injustamente.
César Hernández Neri dijo, en conferencia de prensa, que al revisar los casos a los que han tenido acceso se han dado cuenta de que tienen características similares: no hay investigación profesional del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), hay tortura para obligar a los implicados a declararse culpables de un delito que no cometieron y los jueces que aplican las sentencias lo hacen por dádivas que reciben para condenarlos.
“Los más pobres son los que están en la cárcel porque no pueden pagar para liberarse de las acusaciones que les hacen los policías ministeriales, federales, estatales y los municipales”, denunció.
El colectivo dijo que 50% de los internos de los penales mexiquenses son inocentes, “lo que tiene que hacer el gobernador no es construir más cárceles, sino dejar de crear delitos”, dijo la abogada.
