Toluca, Méx. —Mujeres transgénero del municipio de Acolman presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) porque en el Registro Civil de esa localidad no les hicieron el trámite de identidad de género y fueron agredidas verbalmente por el director de gobierno del ayuntamiento, por su preferencia sexual.
“Se llama Mario López Juárez, director de gobierno del municipio de Acolman, textualmente nos dijo: ‘Pinches putos maricones, chinguen a su puta madre’, yo no lo conocía, fuimos a hacer el trámite y nos empezó a decir de groserías”, aseguró una de las mujeres trans.
Eso ocurrió la semana pasada y denunciaron los hechos ante la Contraloría Municipal y luego ante la Codhem. El alcalde morenista de Acolman, Rigoberto Cortés Melgoza, está enterado del comportamiento del funcionario local, por lo que pidió a la dirección de Diversidad Sexual local que ofreciera el acompañamiento y asesoría legal a quienes sintieron vulnerados sus derechos.
“Ya estamos hartos de quedarnos callados, ya estamos hartos de ser pisoteados, que nos vean por debajo del hombro, creo que también somos personas iguales que todos y merecemos respeto, y es el momento de levantar la voz”, expresó una de las víctimas.
Integrantes de organizaciones de la diversidad sexual expusieron que en algunas de las oficialías del Registro Civil de la entidad aún no existe un formato para que los interesados puedan hacer el cambio de identidad y les piden documentos, como de antecedentes penales, para atenderlos, cuando la ley que recién aprobó el Congreso local no lo contempla.
Entregaron un documento dirigido al presidente de la Co-dhem, Jorge Olvera García, en el que piden crear un protocolo de atención a personas trans que acuden a cambiar su identidad de género al Registro Civil.
El 23 de julio entró en vigor en el Estado de México la reforma que aprobó el Congreso mexiquense para el reconocimiento de identidad de género, pero los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ han denunciado que aún persisten los casos de discriminación de funcionarios públicos estatales y municipales contra ellos, por lo que demandan el protocolo de atención a este sector.
