Para fortalecer el diseño e impacto de las intervenciones públicas , ampliar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como para abatir la pobreza, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida en la capital, Morena busca crear la Ley de Evaluación de la Ciudad de México.
Los 34 diputados locales de dicho partido en el Congreso local presentaron una iniciativa, con proyecto de decreto, para que sea expedida dicha norma a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 47 y demás correlativos de la Constitución Política de la Ciudad.
Con esto, comentó la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura , “la evaluación ya no se presenta como un elemento de mejora opcional u optativa, sino como una etapa tan relevante, como el diseño o implementación de las políticas, programas y acciones de gobierno, con un modelo funcional y valioso”, dijo.
Explicó que con esto, la Ciudad tendrá indicadores que midan la evolución de la pobreza y los cambios en las desigualdades entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales, así como en qué grado se promueve el desarrollo sustentable y una mayor seguridad ciudadana.
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De igual forma, la morenista señaló a EL UNIVERSAL que será incorporada una noción de la evaluación, como un proceso integral del ciclo de las políticas públicas, el cual permite detectar aciertos o errores, omisiones, fallos, éxitos o limitaciones de las intervenciones gubernamentales y de las propias instituciones públicas.
En este sentido, insistió, se propone un modelo de evaluación funcional y valiosa, para generar conocimiento e información confiable y oportuna sobre programas, estrategias, proyectos, acciones o políticas públicas, que sea útil para mejorar y reorientar su diseño, a fin de contribuir de manera más eficaz a la reducción de la pobreza, las desigualdades y la exclusión.
Asimismo, aumentar el impacto positivo de las intervenciones públicas en el bienestar y calidad de vida de las capitalinos, así como promover la rendición de cuentas y responsabilidad de los servidores públicos, no sólo sobre el manejo de fondos y la comprobación de recursos aplicados, sino, además, respecto de los resultados e impactos de los programas y políticas formuladas.
Ante este panorama, dijo la líder de Morena en el Antiguo Palacio de Donceles, los objetivos de dicha iniciativa son: regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Órgano Constitucional Autónomo Técnico Colegiado.
Establecer criterios y requisitos para la designación de los integrantes de dicho Consejo; desarrollar los principales componentes del proceso de evaluación de las políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión en materia de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana.
También, establecer criterios para la elaboración de diversos indicadores , que permitan evaluar y medir todas estas acciones, que contribuyen a la concreción del derecho a la vida digna, establecido en el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Para ello, destacó, contarán con indicadores que midan la evolución de la pobreza y los cambios en las desigualdades entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales, así como en qué grado se promueve el desarrollo sustentable y una mayor seguridad ciudadana.
“Los elementos contenidos en esta Ley, coadyuvarán al arraigo de una cultura de la evaluación en la Ciudad, bajo un marco normativo que fortalecerá la toma de decisiones y que promoverá al interior de la Administración Pública, una nueva ética y perspectiva sobre el ejercicio de los recursos públicos”, comentó Ávila Ventura.
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En ese sentido, algunas de las características fundamentales del modelo de evaluación que presenta esta iniciativa son: Incorpora una noción de la evaluación como un proceso integral del ciclo de las políticas públicas, el cual permite detectar aciertos o errores, omisiones, fallos, éxitos o limitaciones de las intervenciones gubernamentales y de las propias instituciones públicas.
Establece que las recomendaciones, deben emanar de los procesos de evaluación y tendrán por finalidad sustentar decisiones estratégicas, como la discusión presupuestal, las modificaciones de programas, políticas, acciones y proyectos de inversión.
Además, diseña un sistema de gobernanza para blindar la tarea evaluadora, protegiéndola de las interferencias políticas y garantiza la calidad de los resultados, de la evidencia y del conocimiento generado en la Ciudad.
Explicó que entre las ventajas de contar con un órgano autónomo constitucional especializado en evaluación, destaca la posibilidad de emitir recomendaciones con independencia e imparcialidad , basadas en hallazgos relevantes para el correcto funcionamiento de las intervenciones gubernamentales.
Asimismo, establece mecanismos de colaboración interinstitucional con las demás dependencias, organismos y Alcaldías, así como con el Instituto de Planeación y el Sistema Integral de Derechos Humanos, con los que el Consejo de Evaluación debe tener una coordinación constante en materia de indicadores y de planeación.
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