Con apoyo de Morena, su todavía candidata a la diputación migrante para el Congreso local, Verónica Puente Vera, promovió un juicio ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de anular la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) del 2 de agosto pasado.
Dicho recurso de la abanderada morenista, es para impugnar la votación del 6 de junio pasado, que le dio el triunfo al candidato del PAN, Raúl de Jesús Torres Guerrero, como diputación migrante por el principio de representación proporcional.
Aclaró Puente Vera, que la demanda es para proteger sus derechos político-electorales, donde señala que la sentencia en favor del panista, no valoró las pruebas supervenientes presentadas por ella.
Explicó que los magistrados del TECM no consideraron que el candidato electo, no cumple los requisitos de nacionalidad y residencia respectivos, señalados en el numeral 15 del acuerdo IECM/ACU/060/2020, del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
La autoridad, señala el escrito de Puente Vera, calificó dichas pruebas supervenientes, presentadas el 18 de julio, como una ampliación de demanda y determinó “de manera errónea e incongruente” que las pruebas supervenientes presentadas el 18 y 30 de julio como “no relacionadas con el escrito inicial de demanda”.
Con ello, enfatizó la morenista, contravinieron la tesis 2/2002 del TEPJF, así como el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Tesis: I.8o.C.228.
Por otro lado, afirmó, la sentencia interpretó indebidamente los requisitos para que Torres Guerrero, quien se ostentó como binacional, tuviera la candidatura, ya que no se aplicaron los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, que lo obliga a presentar un certificado de nacionalidad mexicana, ya que es también nacional de otro Estado.
Además, sostuvo en su demanda que el TECM “indebidamente utilizó como sinónimo de originario el concepto de ciudadanía”, lo cual viola el Artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual forma, Puente Vera destacó que la autoridad no valoró que el panista tampoco cumple el requisito relativo a la residencia, pues no demostró dicha residencia mínima de dos años en un país extranjero, lo que sustentó jurídicamente con documentos de prestación de servicios profesionales de Torres Guerrero, como asesor del PAN en la Cámara de Diputados, de 2017 hasta 2021.
Este señalamiento, sobre el incumplimiento de residencia del panista, comentó la morenista, fue también apoyado en conferencia por quienes compitieron para la diputación migrante: Sandy Choreño y su suplente, Elizabeth Juárez, del PRD; Diana Reyes Ángeles, del PT; y Mario Gutiérrez, de Elige.
En suma, de acuerdo con el juicio promovido por Puente Vera, la sentencia que designa como diputado migrante electo al panista Torres Guerrero, “viola los artículos 14 y 20 de la Constitución Política Federal y el Artículo 61 de la ley Procesal Electoral de la Ciudad de México”, afirmó la morenista.
Con esta demanda, ya son tres las impugnaciones contra candidatos del PAN la diputación migrante, luego de que el 28 de abril pasado el TEPJF canceló el registro de Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, quien fue inelegible, ya que vive en Campeche y sólo estuvo en el extranjero por periodos, como demostró la denuncia presentada por el activista Juan Carlos Guerrero.
El segundo caso, ocurrió en mayo pasado, donde Karla Karina Osuna Carranco, candidata del PAN a la diputación migrante, quien vive en Coahuila y no cumplió con el requisito de residencia en el extranjero, presentó como pruebas para acreditar su residencia en otro país una copia de la primera hoja de un contrato de arrendamiento y la carta de una regidora para demostrar que había trabajado para la comunidad migrante.
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