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La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la empresa Mítikah ya entendió que la segunda fase del proyecto inmobiliario no está autorizada.
En entrevista, la mandataria capitalina explicó que el viernes se llevó a cabo una reunión con representantes de la compañía para hablar sobre los trabajos de mitigación en Real Mayorazgo, en el pueblo de Xoco, donde se talaron más de 50 árboles sin plena autorización. Además, reiteró que su gobierno quitará el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) que fue otorgado por las autoridades de la administración anterior.
“Ayer [viernes] hubo una reunión ahí con Mítikah y se está revisando todo el tema de la obras de mitigación y, en su momento, ya no vamos a aprobar nada donde no estén los vecinos, que lo conozcan.
“Sí, al final hubo disposición de ellos; entonces, se va a retirar el PATR de ahí y tiene que haber reforestación de esta zona, y se van a buscar otras medidas de mitigación; entendieron que ya la segunda fase no está autorizada”, indicó.
Al preguntarle si la empresa inmobiliaria reconoció su error, Sheinbaum Pardo afirmó que ese cuestionamiento lo deben responder ellos mismos; sin embargo, la mandataria explicó que hay una mesa de trabajo con la compañía en la que se invitará a los ciudadanos y vecinos del pueblo de Xoco en Benito Juárez, para comenzar los trabajos de mitigación.
Cabildean contra desarrollos. Los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Layda Sansores San Román y Víctor Hugo Romo Guerra, presentaron documentación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre las irregularidades que, acusan, cometen algunos despachos para hacer obras ilegales en zonas de mayor plusvalía.
El viernes pasado, los alcaldes se reunieron con la presidenta del tribunal, Estela Fuentes, donde hicieron de su conocimiento las acciones que van a emprender las dos administraciones para contrarrestar esta problemática.
Sansores San Román declaró que el objetivo es que este órgano administrativo ponga la lupa en las constructoras que defienden la ilegalidad. Por su parte, Romo Guerra sostuvo que buscarán apoyo jurídico de la Seduvi.
