Luego de que se determinó la salida de prisión de Miguel Ángel Vásquez , subsecretario de capital humano en la Secretaría de Finanzas en la administración pasada, por el criterio de oportunidad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que se esperarán para que declare en qué se destinó el recurso por el que es investigado.
"Entiendo que parte del tema es ¿a qué fue destinado este recurso y a quién?", indicó.
Expuso que determinar el criterio de oportunidad fue una decisión de la Fiscalía General de Justicia, que fue presentada ante el Tribunal y aceptada por el Juez, además de que resaltó que se respetará la autonomía del organismo.
"Entiendo que él, más que testigo protegido se llama criterio de oportunidad , se acoge a este criterio y presentará las pruebas que tenga que presentar, no conozco los detalles, en eso guardamos la autonomía de la Fiscalía frente a las personas en donde tienen pruebas contundentes, relacionadas con la investigación original", informó.
Ayer, la Fiscalía capitalina indicó que Miguel Ángel Vásquez Reyes salió de prisión luego de que el Ministerio Público consideró su solicitud para acogerse a un criterio de oportunidad.
Ante esta figura, Miguel Ángel aceptó ser un testigo colaborador , a fin de que proporcione información vital y fidedigna en la propia indagatoria que se tiene abierta en su contra, y ya ha dado algunos nombres y datos que ya se integran en la misma.
El exfuncionario está vinculado a proceso por diversos delitos, entre ellos, la posible comisión de este ilícito habría provocado un detrimento a la Hacienda Pública por cerca de 266 millones 642 mil 356 pesos, tras suspender el pago por concepto de cuotas de los jubilados y pensionados, para la prestación del servicio médico subrogado que se realiza al ISSSTE.
Además, en marzo de 2020, Vásquez Reyes fue vinculado a proceso por otro delito similiar, ya que junto con otros servidores públicos, como miembros directivos (el imputado como presidente suplente) de la CAPREPOL, posiblemente realizaron actos para dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados al ISSSTE, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública capitalina de más de 293 millones de pesos.
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