El retiro del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), anunciado por el jefe de Gobierno, Martí Batres, fue aplaudido por diputados de todos los partidos, pero generó confusión sobre las facultades para hacerlo.
Por un lado, legisladores del frente señalaron que es competencia de las comisiones dictaminadoras el retiro de estos documentos; sin embargo, Morena y aliados comentaron que el jefe de gobierno está facultado para desistirse de estos planes.
El presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, el panista Ricardo Rubio, comentó que la facultad de retirar el PGD y el PGOT no es el jefe de gobierno, sino del Congreso.
“No es que el jefe de gobierno tenga la atribución alguna para poder retirarlo. Él tendrá el derecho presentar una solicitud de retiro de ambos proyectos, y será el Congreso de la Ciudad quien tiene la última palabra para decir si se retiran o no estos instrumentos, porque lo que dice nuestra Ley Orgánica es que quien tiene derecho a presentar una iniciativa y retirarla son solamente diputados y las diputadas… no podemos interpretar que eso es extensible a todas las autoridades”, dejo claro.
En este sentido, aplaudió que el jefe de gobierno, al final de cuentas, haya de alguna manera escuchado las voces de la oposición y de la ciudadanía en general, quienes se oponían a estos documentos.
Al respecto, el diputado Jorge Gaviño, integrante de la Asociación Izquierda Liberal, también se congratuló por este retiro, pues de lo contrario estos planes se habrían aprobado por afirmativa ficta este 8 de diciembre; es decir, de manera automática. Precisó que el mandatario capitalino tiene la facultad para retirarlos, pues el Poder Ejecutivo fue el que los envió.
“La Ley no señala la posibilidad de que un Plan se retire porque es en exclusiva, pero en ese momento el jefe de gobierno presentó al Plan y Programa y está solicitando retirarlo. Se va a retirar y ya no se va a discutir, ya no opera tampoco la afirmativa ficta”, sostuvo.
La coordinadora de los diputados Morena, Martha Ávila, coincidió en que el mandatario capitalino sí tiene la potestad para el retiro de estos instrumentos de desarrollo urbano.
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“Queremos manifestar nuestro respaldo a esta decisión, pues, como toda persona o entidad, tiene la facultad para promover instrumentos ante el Congreso y él también goza de la facultad para retirarlos, siempre y cuando no hayan sido dictaminados por las comisiones, como es el caso”, subrayó.
Indicó que esta decisión evidencia la sensibilidad de la Jefatura de Gobierno para revisar planteamientos que contribuyan al mejoramiento de estos relevantes instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial. “Retirar los instrumentos, como lo ha expresado el jefe de gobierno, ofrece una oportunidad de reforzar los temas de sustentabilidad hídrica en la Ciudad, y de igual manera para robustecer mecanismos que impidan la corrupción en materia inmobiliaria”.
El artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estipula que el derecho a presentar iniciativas también comprende el derecho a retirarlas, antes de que la Comisión o comisiones la hayan dictaminado, como en este caso.
El Artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México estipula que la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el PGD de la Ciudad de México, el PGOT y los de cada alcaldía.
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El propio texto constitucional estipula que el PGD es el instrumento al que se sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. “Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo para los demás sectores”.
Asimismo, se señala que el PGOT se sujetará al PGD, tendrá carácter de ley y será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP). En un principio, la Constitución local señalaba que el Plan General de Desarrollo entraría en vigor el 1 de octubre de 2020; mientras que, el Programa General de Ordenamiento Territorial el 1 de enero de 2021.
Esto no ocurrió y se fueron aplazando y aplazando estas fechas. La última reforma, la Ley suprema, marcaba que el PGD u el PGOT tenían que entrar en vigor el 1 de octubre de 2023, situación que no ocurrió.
El Instituto de Planeación entregó en 2021 una primera versión de estos planes, y en julio de ese año publicó las bases para realizar una primera consulta, misma que no prosperó.
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El 3 de septiembre de 2021, la Jefatura de Gobierno dio a conocer la ampliación del plazo para la entrada en vigor tanto del Plan General de Desarrollo como del Programa General de Ordenamiento Territorial para el 1 de octubre de 2022. Fue hasta el 8 de julio de 2022 cuando inició otro proceso de consulta pública e indígena sobre estos documentos, mismo que también fracasó debido al rechazo vecinal.
Debido a este rechazo, en diciembre de 2022 la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió reponer estas consultas y de paso envió otra iniciativa para posponer, una vez más, la entrada en vigor de estos instrumentos para octubre de 2023.
El 28 de febrero de 2023 Pablo Benlliure renunció a la dirección del Instituto de Planeación, cargo que hasta ahora sigue vacante. Fue en mayo de 2023 cuando el IPDP presentó las nuevas propuestas de PGD y el PGOT, que establecen los principios rectores para ordenar y regular el espacio de la capital en los próximos años.
El 8 de junio fueron enviados al Congreso para su análisis y dictaminación y este día se anunció su retiro por parte del jefe de Gobierno, Martí Batres. Expertos de diversas instituciones académicas, colegios, asociaciones de profesionales y organizaciones de la sociedad civil, habían pedido al Congreso de la Ciudad de México y a la Jefatura de Gobierno rechazar estos planes.
A través de una carta, comentaron que estos instrumentos no han tenido un adecuado proceso legislativo, ni ha habido un parlamento abierto, ni mucho menos han integrado recomendaciones de expertos en la materia.
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