El jefe de Gobierno, Martí Batres presentó el decreto de reformas para tipificar el delito de transfeminicidio en el Código Penal, el cual fue publicado este día en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y con el cual entra en vigor.
Con esto, dijo, queda penalizado con 35 a 70 años de prisión, pero que esta podrá aumentar hasta en una tercera parte cuando la víctima presente señales de saña, cuando el delito sea cometido en el contexto de trabajo sexual, cometido por dos o más personas, cuando sea en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviera un vínculo de parentesco.
También, cuando la víctima sea menor de edad, adolescente, con discapacidad o adulta mayor, sea persona en situación de calle, o bien, la víctima haya sido amenazada.
El tipo penal señala que comete el delito de transfeminicidio quien por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género real o percibida dentro del espectro femenino de género.
Durante un evento protocolario, la activista Natalia Lein señaló que la capital del país ha quedado a deber durante muchos años a las mujeres trans, como por ejemplo tener acceso a la salud, trabajo digno y acceso a la vivienda.
Recordó que van más de 30 transfeminicidios en el país, por lo que dijo, “este día va dedicado a todas ellas” personas trans que han sido invisibilizadas.
“Si la historia es de los que no tienen miedo, entonces la historia es de las travestis”, citó la activista a una mujer trans de España.
En tanto, la activista Kenya Cuevas reconoció el trabajo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, quien impulsó la recomendación por el crimen de Paola Buenrostro, la cual había sido congelada en anteriores administraciones del organismo.
Dijo que esto llevó a que se aprobara la Ley Paola Buenrostro, como también se le conoce a la tipificación del delito de Transfeminicidio.
Sin embargo, acusó que aún no ha habido una reparación del daño por parte de la Ceavi, y pidió al jefe de Gobierno que separara del cargo al comisionado, Ernesto Alvarado, por revictimizar y violentar a las víctimas.
Por su parte el diputado, Temístocles Villanueva, recordó todo el proceso que llevó al legislativo a aprobar el pasado 18 de julio.
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