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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) Rafael Guerra Álvarez se pronunció a favor de la continuación de la llamada “justicia alternativa”, que esta sea dijo, el motor principal para resolver los conflictos, esta propuesta la realizó en el marco de los foros organizados por el Senado de la República como parte del proceso para construir la citada legislación.
Ahí el órgano judicial capitalino sostuvo que precisamente los mecanismos alternativos forman parte integral de los poderes judiciales, como autoridades que imparten y administran justicia, acorde a lo que estipula el artículo 17 constitucional, en el sentido de que la justicia es administrada por los tribunales y que se deberá privilegiar la solución de los conflictos por encima de formalismos procedimentales.
Contra algunas posturas en esa discusión que plantean sacar del ámbito judicial algunos aspectos como la certificación de mediadores privados para trasladarlos a entes del Ejecutivo, el PJ-CDMX enfatiza que los mecanismos alternativos de solución de controversias, de acuerdo a la Constitución, recaen en el poder judicial, de ahí que desde éstos surgieron los centros de justicia alternativa.
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Esto, con el propósito de administrar y sustanciar los medios alternativos para la atención de los conflictos de diversa naturaleza, lo que los ha convertido en parte fundamental y privilegiada del sistema integral de justicia en el país.
En ese sentido, el órgano judicial capitalino subraya la necesidad de que la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, que actualmente se formula con la opinión de los sectores involucrados, conserve la naturaleza que marca la Constitución, a fin de que, una vez aprobada, aporte al desarrollo de la materia y se evite que la negociación, mediación, conciliación, evaluación neutral, amigable composición y el arbitraje se corrompan o presten a malas prácticas.
El PJ-CDMX también pugnará porque la función y actividad de la figura de los mediadores privados sea supervisada y monitoreada por el Centro Nacional de Justicia Alternativa, para que desde ese ente se garantice no sólo los altos índices de competencia, sino verificar la buena práctica y desarrollo de los medios alternativos de solución de controversias.
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Esto, porque los mediadores públicos ejercen una función pública complementaria a la administración de justicia bajo el esquema de descentralización por colaboración, cuya única intención es la de contar con mayor apoyo para extender los servicios a la población, pero siempre certificados y registrados por los tribunales.
bmc
