A tres meses de que el Gobierno de la Ciudad de México anunció el combate contra la tala clandestina, representantes de madererías ubicadas en el sur de la capital acusan el cierre arbitrario de sus negocios y trato como si fueran delincuentes, pese a ser establecimientos que operan desde hace décadas, incluso algunos con madera importada. En total van 57 madererías clausuradas y una afectación a 600 familias.
Sergio Caballero Hernández, representante de la distribuidora de madera Los Encinos, contó a EL UNIVERSAL que en más de 40 años nunca habían sido testigos de un operativo como el ocurrido en meses pasados, cuando autoridades cerraron su establecimiento por faltas administrativas.
“Llegaron con fuerza excesiva a mi negocio, presentamos todos los documentos. Mi negocio está abierto desde 1982, soy la cuarta generación y, definitivamente, nunca habíamos sido objeto del gobierno así como ahora”, denunció.
En su caso, explicó, las autoridades argumentan que incumplen con el uso de suelo, pese a que cuentan con la documentación desde que abrió su establecimiento.
“Me llegó la resolución de Invea con clausura definitiva, y están diciendo que me hacen falta 20 metros en el uso de suelo. Sin embargo, ya fui a Seduvi, pregunté de esos 20 metros que hacen falta y dicen que es el estacionamiento de mi negocio. Seduvi dice que no es necesario meterlo en el uso de suelo porque no es un área donde se almacene, corte, o se manipule la madera, pero para Invea dice que sí tienen que entrar esos metros en el uso de suelo. Hay una contrariedad”, dijo.
Imelda Barajas, administradora de Grupo Trimaderas, expuso que en julio pasado, granaderos y personal del Invea llegaron a su bodega central donde reciben productos de importación, provenientes de Asia, para hacer una revisión que derivó en el cierre de su negocio.
Aunque durante la visita pudo acreditar toda la documentación del establecimiento, advirtió que los verificadores le solicitaron un documento que no se solicita a establecimientos mercantiles, sino a alguien que está en proceso de construcción de una bodega.
“Yo le dije, no lo tengo pero lo puedo solicitar, me dijeron ‘tenemos prisa y nos vamos, vamos a proceder a ponerte los sellos, como tú tienes todo, te falta tu constancia de alineación, preséntala ante Invea y en 48 horas te vamos a abrir’”, relató. Sin embargo, nunca abrieron.
La maderería El Bosque, en Cuajimalpa, está por cumplir dos meses con sellos de suspensión, una medida cautelar que se les aplicó el mismo día de la verificación, pese a que la ley establece que hay un tiempo para que los negocios puedan presentar los documentos que se les solicitan tras la revisión, acusó Alejandro Tello Pérez.
“El día que nos revisaron, ese día nos pusieron las medidas cautelares, que son los sellos de suspensión de actividades. O sea, no nos dieron tiempo de reaccionar, de buscar algún documento que te hiciera falta ni nada. A partir de ahí ha sido un batallar en reuniones y no hemos logrado que nos abran el negocio”.
Héctor Berber, representante de otras dos madererías afectadas, indicó que el día de la verificación se hizo todo un operativo coordinado con elementos de la policía de la alcaldía, de la Ciudad, Guardia Nacional, granaderos y del Ejército y acordonaron la zona. Posteriormente, los verificadores del Invea ingresaron para hacer la revisión.
“Son negocios que ya tienen una acreditación bastante vieja; en el tiempo que llevan funcionando las madererías, nunca se había visto un operativo de esta escala. Es algo completamente nuevo, por eso nos agarró confundidos”, expresó.
Erika Arriaga, abogada de una docena de madererías localizadas en Cuajimalpa y Tlalpan, advirtió una serie de ilegalidades en los cierres y suspensiones que las autoridades han impuesto contra este tipo de negocios desde julio, las cuales violan las garantías individuales establecidas en los artículos 5, 14 y 16 constitucional, ya que se les ha dejado sin ingreso y sin trabajo de forma arbitraria.
Entre las irregularidades, señaló al Invea de no respetar el tiempo legal para la presentación de documentos y, por el contrario, aplicar las medidas cautelares de forma inmediata.