Desde hace más de seis años, damnificados del predio ubicado en Aguascalientes número 12 no han podido regresar a su hogar debido a una disputa legal que han mantenido con autoridades capitalinas para determinar si el inmueble se rehabilita o se reconstruye tras daños causados por el sismo del 19-S.
La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México plantea que este lugar sea rehabilitado; sin embargo, dice estar abierta a otro tipo de intervención, con base en estudios a los que se oponen los afectados, quienes ya piden la demolición y la reconstrucción del inmueble, pues aseguran que presenta un grave daño estructural.
En el Quinto Informe de Gobierno ante el Congreso local, el mandatario Martí Batres llamó al Poder Judicial para resolver este caso y se pueda dar paso a la rehabilitación o reconstrucción del inmueble.
El predio de Aguascalientes 12 se compone por dos torres y en total hay 70 departamentos. Al entrar, el ambiente es desolador. Son evidentes las grandes grietas y el daño estructural.
En el lugar se siguen viendo los estragos que dejó el sismo de 2017: vidrios rotos, puertas y baños desechos, acabados en el suelo, incluso algunas palomas muertas.
A simple vista parece un lugar inhabitable, pues se ve de lado y al caminar, se camina de lado e incluso hay riesgo de tropezar, como lo pudo atestiguar EL UNIVERSAL; hay pisos salidos, hoyos y polvo.
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A pesar de estas condiciones, en el lugar siguen viviendo cinco familias. La vecina María de los Ángeles Moreno indica que están como hace seis años desde que fue el terremoto, sin ningún avance, porque, acusa, la Comisión para la Reconstrucción no los ha apoyado, por lo que tuvieron que ampararse.
Recuerda que cuando el hoy senador César Cravioto estuvo al frente de la comisión ya se tenía el proyecto para la demolición del edificio, y lo único que hacía falta era la orden de un juez para que las cinco familias que aún habitan este predio desalojaran, y es por eso que se ampararon, para que las familias fueran desalojadas y llevadas a un lugar temporal.
“El juez ya dio tres o cuatro acuerdos en donde les dice a las autoridades: ‘pónganse de acuerdo todas las autoridades para que desalojen el edificio, lo demuelan y lo reconstruyan’, pero a cambio de eso las autoridades nos han presentado proyectos de rehabilitación, no lo han querido demoler, porque el dinero ya se lo gastaron, esa es la verdad”, dice.
Indica que el proyecto para reconstruir este edificio cuesta alrededor de 200 millones de pesos, y el plan que les presentan las autoridades para rehabilitar es de cerca de 40 millones.
Moreno aclara que estos 200 millones de pesos son recuperables para el Gobierno capitalino, pues este edificio tendría redensificación, es decir, que se construirían más de 35% de los departamentos que actualmente existen para que se puedan vender y recuperar la inversión.
Ruth Pérez Paredes, administradora legal del inmueble, señala que en Aguascalientes 12 las autoridades están poniendo lo económico sobre la seguridad. “Importa más lo que voy a gastarme que la misma seguridad de los 70 propietarios”.
Comenta que las personas que actualmente siguen habitando el edificio es porque no pueden demostrar la legitimidad de su departamento, por lo que temen que al desalojarlo puedan perderlo. No obstante, resalta que para la demolición, el gobierno local expropiará momentáneamente, les reconstruye y después se los regresa en el mismo estatus.
Deja en claro que este edificio tiene más de 47 años, y con el sismo quedó con un grave daño estructural, por lo que reforzar algo que ya está muy dañado sería ponerlos en riesgo, por esto insiste que el mejor escenario es la demolición.
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“No es el capricho de los vecinos de tener un departamento nuevo, como lo están calificando, es regresar a vivir, después de seis años, a un lugar seguro, en donde yo pueda meter a mi familia, que no me sienta en el riesgo de que puede volver a sufrir un colapso porque cumple con las nuevas normas de una construcción moderna”.
En este sentido, Joaquín Cardozo, también vecino del inmueble, detalla que, según la Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de México, se deben rehabilitar o reconstruir los edificios dañados por el sismo de 2017, según proceda, por lo que hay un grupo de vecinos que quieren lo primero u otros, la inmensa mayoría, que quieren lo segundo.
Ambos grupos de vecinos han interpuesto amparos para que los tribunales decidan qué se hará, aunque la minoría que quiere la rehabilitación ya ha perdido todos sus instrumentos jurídicos, pues un juez ya les dijo que este edificio ya no se puede recuperar, por lo que debe ser demolido y reconstruido.
“Nosotros, por nuestro lado, interpusimos un juicio de amparo en contra de la negativa de las autoridades capitalinas de demoler y reconstruir el edificio. En este juicio de amparo, en el que 65 vecinos somos quejosos, se dictó una suspensión definitiva que ordenaba a las autoridades desalojar el edificio, darle a los cinco vecinos que están aquí una vivienda provisional y continuar con la demolición y reconstrucción”, abunda.
¿No es un estira y afloja entre autoridades y damnificados? Se le cuestiona al vecino. “En eso radica la controversia jurídica que existe. Nosotros estamos seguros que, técnicamente, no es posible rehabilitarlo; si este inmueble se rehabilitara, habría un riesgo permanente las 24 horas del día de que ocurra otro sismo y haya una tragedia, y a quién voltearían a ver, a las autoridades que permitieron la rehabilitación. Técnicamente no es rehabilitable y correrían riesgo muchas vidas”.
¿Qué dicen las autoridades?
Jabnely Maldonado Meza, comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad, comenta que este predio de Aguascalientes 12 es el más complicado y rezagado que tienen por todos estos procedimientos judiciales.
Asegura que lo que quieren como gobierno es que ya exista una remodelación o reconstrucción, pero con base en unos estudios, que la mayoría de los vecinos se opone a que se hagan, y que el jefe de Gobierno ya pidió que se avanzara en ellos.
Expone que antes de la pandemia ya había un acuerdo de costo-beneficio (redensificación) para reconstruir este inmueble y había los recursos para hacerlo, pero algunos vecinos se inconformaron porque querían que se rehabilitara. Tras la pandemia, dice, aumentaron los materiales de construcción como el acero, por lo que al asumir la comisión en julio de 2021, revisó todos los planteamientos que se tenían de costo-beneficio y se decidió ya no aplicarlo para Aguascalientes 12.
Ante esto, planteó a los vecinos hacer nuevos estudios de mecánica de suelo y riesgo para poder remodelar el inmueble, pero la mayoría de los vecinos se ha negado y se decantan por la demolición, “vemos un escenario complejo para que se demuela”.
“Qué proponemos como gobierno, que se realicen estos estudios y que los resultados confirmen o cambien la orientación de la intervención del edificio… Qué es lo que quiere el Gobierno de la Ciudad, que este edificio se intervenga, de acuerdo con el resultado de los estudios, que comencemos la obra ya, y que esas familias puedan regresar a una vivienda segura, esa es la pretensión del gobierno”, aclara.
La comisionada enumera que en varias ocasiones la mayoría de los damnificados se han negado a realizar nuevos estudios, los cuales darían “luz sobre qué intervención tomar para este inmueble y lo primordial es que las familias recuperen su patrimonio, tengan una vivienda segura y regresen a casa”.
Comenta que creen que es un edificio rehabilitable, pero más allá de instalarse en esa postura, acentúa que buscan que los estudios sean los que determinen “esa es la postura, el gobierno va a tomar la decisión de lo que resulte técnicamente, pero no un asunto de voluntad de yo quiero que se demuela o rehabilite, que los estudios de mecánica de suelo, de geotecnia y las calas que deben hacerse orienten la intervención o la dolencia del edificio y que se actúe en consecuencia”.
Maldonado Meza precisa que la postura del juez es que el gobierno haga lo que tenga que hacer cuanto antes, “pero no tenemos esa voluntad de los vecinos para hacerlo. La vía judicial va a ser muy larga y no sé que tan beneficiosa sea para ambas partes, en el sentido de ir retrasando un proceso que lo podemos resolver mediante un acuerdo que nos lleva al escenario de iniciar la obra cuanto antes”.
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