Toluca, Méx.- "A mí me educaron creyendo en la justicia, pero han pasado siete años y lo he perdido todo tratando de alcanzarla", asegura Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima Varinia, víctima de feminicidio a los 12 años de edad, en el 2015, en la comunidad de La Lupita Casas Viejas, municipio de Lerma .

Si bien en su caso fueron sentenciados los tres responsables de asesinar a su hija, todavía no recibe el pago por la reparación del daño, por parte de Misael Atayde Reyes, uno de los tres responsables de lapidar, violar y apuñalar a su hija, quien quedó en libertad hace unas semanas, pues tenía 17 años y 9 meses de edad cuando cometió el crimen.

Desplazada, amenazada de muerte y con la pérdida de su hijo Daniel, quien hace un año murió, como daño colateral del feminicidio de su hija, hoy Lorena afirma que no logró alcanzar justicia, porque eso sería verla de vuelta en casa.

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Lograr la sentencia de los tres feminicidas le llevó siete años de revictimización de ella y su hija, pues junto con su esposo debió revivir cada momento desde que la pequeña no volvió a casa tras regresar de la secundaria y hasta que encontró su suéter ensangrentado en un paraje de esa comunidad boscosa.

El Poder Judicial del Estado de México sentenció a Luis Ángel Atayde Reyes, a 73 años 8 meses de prisión y el 8 de junio del 2017 dejaron en libertad a J osé Juan Hernández Tecruceño, pero el año pasado fue sentenciado a prisión vitalicia, tras una reposición de sentencia.

El menor de edad, 15 días después de asesinar a Fátima fue dejado en libertad porque la juez de menores consideró que no había pruebas suficientes para una orden de presentación y huyó, lo encontraron en el 2017 en Morelos y lo ingresaron al Tutelar la Quinta del Bosque con 20 años de edad, salió cinco años después.

Lorena cuestiona que los jueces hayan leído a cada uno de los acusados sus derechos, pero los de ella y su familia, fueron reconocidos al final.

Además, cuando les informaron sobre la reparación del daño, les insistieron en que deben respetarlo, pues tiene derecho a rehacer su vida, ser feliz.

“Como si fuéramos una tienda de conveniencia, nos pagará en abonos la reparación del daño, cosa que también me parece una burla. A ellos los vi reír, hablarse al oído, abrazarse, parecía un reto mientras que yo me quedé sin mis hijos”, expresa.

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Dice que si hubiera justicia, no habría derecho para que estos jóvenes puedan rehacer su vida y construir proyectos, pues en el trayecto del juicio contra los feminicidas, murió Daniel - su hijo menor-, porque como parte de las medidas de protección los mandaron a vivir a Nuevo León, y pese a solicitar ayuda a tiempo, no la recibieron. Lo atendieron como un ataque de ansiedad y fue una úlcera gástrica reventada que provocó que se desangrara.

“Primero deberían hablar de los derechos de las víctimas, porque parece que lo tienen más los asesinos, en México parece que ellos son los que más protección reciben”, refuta.

Recuerda que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar se comprometió con ella a impulsar una reforma federal, para que los menores sean juzgados y sentenciados conforme a la gravedad del delito cometido, pues “los niños desde los 10 años de edad, saben perfectamente cuando están cometiendo un delito grave”.

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