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La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que existen 51 procedimientos jurídicos en curso de igual número de verificentros que en algún momento se les canceló su concesión, pero que ahora, en su mayoría, podrían volver a operar si ganan en definitiva estos procedimientos.
Ante esta situación, la mandataria de la Ciudad de México dijo que no se lanzará otra convocatoria para abrir nuevos centros de verificación vehicular, hasta que se conozca el resultado de todos los amparos. En la actualidad hay 55 centros en activo, pero en 2015 había 80.
“La mayoría de ellos ganaron en primera o segunda instancia contra la Secretaría de Medio Ambiente, no contra nuestra administración sino con la pasada, y se ha perdido por este desaseo en todo el proceso. Estamos hoy en una circunstancia en que no sabemos cuántos verificentros van a estar autorizados en los próximos meses”, mencionó Sheinbaum Pardo en conferencia.
La funcionaria acusó que el gobierno anterior actuó con “un total desaseo” en las concesiones de los verificentros, pues detectaron falta de información sobre la determinación para no revalidar diversos verificentros entre 2015 y 2017, además de asignación de concesiones a 20 nuevas empresas, muchas sin experiencia, y validación de permisos fuera de tiempo de la última convocatoria lanzada en 2017.
Ante esta situación, señaló que se iniciaron auditorías tanto en la Auditoría Superior de la Ciudad de México como en la Contraloría interna de la Secretaría de Medio Ambiente, para constatar si hubo irregularidades en la gestión de los permisos.
Además, el Gobierno solicitó la ayuda de un tercero, que es la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), para que los apoye en la defensa sobre los juicios en curso y revisar las concesiones que fueron otorgadas.
De los 51 juicios hay un procedimiento en el que un juez ordenó al Gobierno otorgar la autorización al particular para operar; en siete se manda emitir una nueva valoración; en otros 10 juicios se concedió en última instancia al demandante, mientras que en 21 ocurrió lo mismo en segunda instancia y en sólo seis se ha otorgado en última instancia la razón a la administración capitalina. Los juicios tienen que ver con actos de autoridad en 2015, 2017 y 2018.
Además, de los 51 juicios, 19 fueron promovidos por particulares que no obtuvieron autorización en la convocatoria de 2017 de nuevos verificentros; 22 casos son por no revalidación del permiso ese mismo año; seis más, por revocación del permiso, y cuatro por no revalidación en 2015.