Javier Ramos, diputado local del PVEM, consideró que la nueva Ley Ambiental que se aprobó este jueves en el Congreso no es más permisiva con el sector inmobiliario, pues hace “buena mancuerna” con la Ley de Responsabilidad Ambiental que también se aprobó en periodo extraordinario.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador señaló que ambas leyes funcionan de la mano ante abusos a los que se abría la puerta con la ley anterior, como fueron el caso de la presa Anzaldo o la construcción de la Torre Mítikah en Coyoacán, pues con esta ley “se salvan, y si no tenemos la de Responsabilidad Ambiental, precisamente para que estas personas que no solamente contaminen, que dañen los recursos naturales o al medio ambiente en general van a tener que pagar una sanción económica”.
Lo más importante, dijo, es que quienes incurran en este tipo de actos tendrán que restituir las cosas al estado en que estaban, y si esto ya no es posible, deberán compensarlo.
Cuestionado acerca de si para esta ley se tomó en cuenta a los pueblos originarios de la capital del país, reconoció que aunque una consulta pudo fortalecer la ley, no es requisito “indispensable”, pues se tendría que demostrar que hay afectaciones directas y de manera significativa a los pueblos originarios para justificar su realización.
“Incluso fue una reserva o alguno de los comentarios que en tribuna hizo Gaby Salido, si mal no recuerdo; efectivamente, no se llevó a cabo una consulta a los pueblos originarios. (...) Pero el hecho de que no se haya realizado la consulta no es un elemento que se pueda utilizar para descalificar la ley”, indicó.
Durante la votación, la diputada panista Gabriela Salido señaló que “se queda corta”, además de que representa un retroceso a conquistas a favor de la ciudadanía, los derechos de la tierra, áreas de valor protegidas, instituciones e, incluso, contra pueblos y barrios originarios.
La aprobación de la ley causó polémica entre organizaciones civiles, por lo que la Sedema aclaró los puntos que “generaron confusión”.
