Las modificaciones para prohibir la venta de alimentos chatarra a menores de edad en la capital del país van en serio. Nos dicen que el consejero Jurídico, Néstor Vargas, y la secretaria de Salud, Oliva López, están arrastrando el lápiz para redactar la iniciativa que presentaría al Congreso el diputado de Morena José Luis Rodríguez. La propuesta es que en dos semanas esté lista y se proceda a su análisis, dictaminarla y que en el periodo ordinario de septiembre se apruebe. Pero primero quieren tener el pulso de la sociedad, sobre todo del sector empresarial, en este tema que tendrá un impacto económico muy alto.
En la fiscalía local duerme el sueño de los justos la denuncia que presentaron en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Jesús Orta, por la renta de más de mil patrullas a sobreprecio; sin embargo, nos comentan que de un momento a otro podría despertar y proceder a su judicialización, lo que representaría un segundo golpe para el exfuncionario. No obstante, nos dice la gente cercana a don Jesús, que ese expediente no les preocupa tanto como la querella en el ámbito federal, pues el contrato se firmó con el aval del Gobierno central.
Muy polémica resultó la propuesta de la diputada perredista Araceli Casasola, quien planteó que los acusados de algún delito puedan usar imágenes o sonidos de cámaras de seguridad ya que, actualmente sólo pueden acceder a ellos cuando son vinculados a proceso, lo que representa una violación a los derechos humanos. Lo que propone es reformar la ley que norma el uso de tecnologías de la información para la seguridad pública estatal. La intención de doña Araceli es evitar condenas injustas, pero falta ver qué dicen el Congreso local y si le entran al tema.