Las balaceras, persecuciones sobre periférico, los homicidios dolosos y ajustes de cuentas entre células que se disputan la venta de drogas al menudeo en la alcaldía Álvaro Obregón no son suficientes para que la edil morenista, Layda Sansores, dimensione la gravedad del problema. Nos cuentan que en las reuniones de los gabinetes de seguridad del Gobierno capitalino la alcaldesa asegura “tener otros datos” y que para ella el problema ahí no es tan grave como en Gustado A. Madero, Iztapalapa o Cuauhtémoc, argumentando, además, que no es necesaria la incursión de las fuerzas federales en la demarcación que administra. Nos hacen ver que doña Layda pone en gran riesgo a sus gobernados, al minimizar la existencia de este fenómeno que en Álvaro Obregón ya tiene tiempo existiendo, incluso antes de su llegada al gobierno.
Quienes siguen perdidos en su laberinto son los diputados que integran la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Ahora nos dicen que se puso sobre la mesa de negociación tres propuestas para definir al coordinador y vicecoordinador. La primera es la integrada por Martha Soledad Ávila Ventura y Temístocles Villanueva; otra, la Eduardo Santillán y María Guadalupe Morales Rubio, y la última, Gabriela Osorio Hernández y Emanuel Vargas Bernal. Pero además proponen que su encargo sea por seis meses. Nos hacen ver que este tipo de situaciones los mantienen empantanados e impactando en el funcionamiento de la Ciudad de México.
En el Partido de la Revolución Democrática de la capital del país llevaron a cabo una reestructuración importante, de cara a los comicios de 2021, año que será la prueba de fuego para ver si sobreviven o no como instituto político. Por lo pronto, quienes tratan de recuperar el barco son los integrantes de la dirigencia colegiada: Nora Arias, Brenda Villena y Carlos Estrada. El reto es enorme para el propio partido, luego de la forma en que perdieron en 2018 y las desbandadas de dirigentes y cuadros visibles; aunque es de decir que territorialmente aportaban poco.
Interesante juego de vencidas es el que sostienen autoridades del Estado de México y estudiantes de diversas unidades y facultades, luego de que estos últimos anunciaron su rechazó a la tarifa especial para los alumnos y personas con discapacidad en el transporte público. Lo que ellos demandan es echar abajo el denominado tarifazo que se dio a principios de año. Ahora habrá que esperar a ver cuál es la posición del secretario de Movilidad mexiquense, Raymundo Martínez Carbajal, si aguanta la presión y se mantiene con el incremento, sobre todo ante la amenaza de mantener las manifestaciones en diversos puntos de la entidad.