Toluca, Méx.— En 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya contaba con un informe de la operación de los principales grupos de la delincuencia organizada en el Estado de México, en el que se identificó que La Familia Michoacana tenía presencia en 44 municipios, entre ellos Texcaltitlán, donde hace cuatro días pobladores se enfrentaron con extorsionadores de la organización y murieron 14 personas.
El informe fue presentado en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México el 25 de junio de 2020, en la cual el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que se realizarían acciones para evitar el crecimiento de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Caballeros Templarios y Guerreros Unidos.
Este mapa, se dijo, fue resultado de trabajos de inteligencia por parte de las autoridades y no se había presentado con la finalidad de no entorpecer las acciones.
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De acuerdo con el mapa mostrado, el bastión más importante de La Familia Michoacana está en los municipios del sur de la entidad.
Su presencia predominante se detectó en 34 ayuntamientos, sobre todo los colindantes con Michoacán como: Tlatlaya, Ixtapan del Oro, Temascaltepec, Luvianos, Tejupilco, Amatepec, Sultepec, Tonatico, Zumpahuacán, Malinalco, Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras y Texcaltitlán.
En este último municipio, además de los hechos violentos del 8 de diciembre, en 2022 se registró un enfrentamiento el 14 de junio, cuando en el intento de ejecutar una orden de aprehensión contra El Payaso, líder de la célula en esa región, la policía estatal abatió a 12 integrantes de La Familia Michoacana.
En tanto, de acuerdo con el mapa, en otros 10 municipios mantiene una disputa por el territorio con el CJNG en Zumpango, Temascalapa, Nopaltepec, Axapusco, Otumba, Chimalhuacán, Chicoloapan, Atenco, Tepetlaoxtoc y Ecatepec.
Sigue la extorsión
EL UNIVERSAL entrevistó a floricultores que pidieron guardar el anonimato por temor a represalias y al presidente de la Unión Ganadera, Javier Reyes Escamilla, quienes coincidieron en que desde hace más de cinco años se han denunciado abiertamente las condiciones de extorsión e inseguridad.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia estatal, las células de La Familia Michoacana se han dedicado a la extorsión en contra de comerciantes de pollo, huevo, materiales de construcción, tortillerías, floricultores y hasta las tiendas de abarrotes. Se ha detectado que también controlan el precio de la venta de los productos.
Los habitantes de las comunidades denunciaron que les piden un peso por metro de siembra, 10 pesos por arpilla de siembra, deciden a qué proveedores les compran los productos e incluso con quiénes pueden lleva a cabo obra pública las administraciones municipales.
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La forma como operaban se habría denunciado por parte de empresarios ganaderos, floricultores, además de tortillerías y pollerías, pues el fiscal José Luis Cervantes Martínez, en 2022, presentó ante el Congreso local una iniciativa al Código Penal para tipificar el delito de extorsión a comerciantes y productores por parte de la delincuencia organizada.
El delito fue anexado al Código Penal estatal el presente año. Fue tipificado como en contra de la economía con penas hasta por 20 años de prisión, según las agravantes, a quienes extorsionan a los comerciantes o constructores para vender o proveerse de un producto a precio superior.
Sin embargo, de acuerdo con los floricultores, son crecientes las extorsiones cometidas por el crimen organizado en el corredor de Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, la región sur mexiquense.
Los entrevistados reconocieron que saben que son integrantes de La Familia Michoacana, pues hay ocasiones en que grupos criminales locales se presentan como parte de esa célula criminal, pero en estos casos, reconocen a los líderes regionales y saben de su presencia.
Señalaron que las acciones son “insuficientes” tanto por parte de las autoridades estatales, como de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, pues pese a que se tipificó el delito de extorsión, sigue el miedo por parte de las víctimas, que sí han denunciado, pero sin tener respaldo, pues hay autoridades coludidas, especialmente policías municipales y estatales.
Reyes Escamilla comentó que “nosotros lo expusimos a las candidatas cuando estaba vigente el proceso electoral, pedimos la creación de una Fiscalía de Delitos contra el sector ganadero y agropecuario, pues lo mismo es en extorsiones, que en abigeato y otros”.
Reconoció que lo sucedido en Texcapilla podría replicarse en otras comunidades, simplemente porque no hay forma de sobrevivir ante este amago, “y eso sería muy malo para la autoridad actual, que sea rebasada por el cansancio social”.
Urgió una campaña por parte de las autoridades en donde hagan énfasis en las generaciones más jóvenes, sobre todo porque cada vez llegan líderes de la célula más jóvenes y más crueles, violentos, pues la sociedad en su conjunto podría revertir que se integren los adolescentes al crimen organizado si saben que hay otros caminos.
“Porque ustedes vieron los videos, vieron la edad de esos muchachos que murieron, que cada vez son más jóvenes”, lamentó el presidente de la Unión Ganadera.