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Toluca, Méx.— La adquisición de camionetas nuevas por más de 5 millones de pesos por parte del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para los siete integrantes del Consejo General provocó diferencias entre dos consejeras, una que sí recibió la unidad y otra que la rechazó.
En la sesión del Consejo General, la consejera Paula Melgarejo Salgado trajo el tema a cuenta como parte de los asuntos generales, luego de discutir sobre los recursos asignados a los partidos políticos, pues se dijo sorprendida por los comentarios de la consejera Karina Vaquera Montoya, quien calificó la adquisición de innecesaria, toda vez que las unidades con las que cuentan son de 2018 y durante dos años de pandemia no fueron utilizadas, razón por la que rechazó recibirla, igual que el consejero Francisco Bello.
Melgarejo Salgado cuestionó quién o quiénes representan un gasto mayor para el árbitro electoral, pues si bien Vaquera Montoya no recibió el vehículo, la constante rotación de personal asignado a su oficina ha representado un gasto de 411 mil 731 pesos por liquidación y finiquito, y aunque admitió que es el derecho de cada uno la contratación de personal de confianza, mencionó que la cifra por esos despidos parece ostentosa.
Paula Melgarejo señaló que para el órgano electoral, el mantenimiento de la camioneta usada de Vaquera Montoya es igual de costoso, pues el desgaste es diario al ir de Naucalpan a Toluca.
Le dijo a su compañera que para que se coloque en una “superioridad ética y envuelva en una capa franciscana hay que serlo y no parecerlo”, pues fue ella quien reveló que las camionetas adquiridas —vía licitación— tuvieron un costo superior a 700 mil pesos cada una, motivo por el que había decidido no aceptarla.
Precisó que el monto por la rotación del personal que ha laborado con Vaquera Montoya en los últimos dos años asciende a 411 mil 731 pesos, “el valor de casi dos camionetas”.
Al respecto, Vaquera se mantuvo en lo dicho, insistió en que la adquisición fue innecesaria y agradeció que hayan salido a la luz sus gastos a detalle, pues no los conocía.
La consejera agregó que respeta a quienes aceptaron la prestación, pero sugirió revisar si son justas y adecuadas en función de los datos que se dieron a conocer.
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